Lo que había dicho el gerente del BanRep sobre propuesta de Petro de imprimir dinero

Leonardo Villar, gerente del Emisor, había expresado que es un procedimiento que afectaría a la credibilidad internacional hacia el Gobierno, hacia el banco y hacia la economía colombiana

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
29 de agosto, 2024 | 12:00 AM

Bogotá — Apenas llegó a un acuerdo con los bancos para no presentar un proyecto de inversiones forzosas a cambio de aumentar los recursos para financiar sectores clave para el Gobierno de Gustavo Petro, el presidente de Colombia retomó un viejo debate: imprimir dinero desde el Banco de la República, esta vez, para financiar a las víctimas de la violencia en el país.

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La propuesta del presidente Petro surgió luego de que informes de Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo concluyeran que la reparación de las víctimas tiene un costo de COP$334 billones, esto es el 64% del Presupuesto General de Colombia propuesto para 2025 y equivale a alrededor de US$1.402 billones.

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En el pasado Petro ya había propuesta la emisión por parte del Banco de la República. Lo hizo durante la pandemia del Covid-19 y criticó que el Gobierno de Iván Duque rechazara esa alternativa para priorizar la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional, crédito al que atribuye que hoy el Gobierno no cuente con los recursos suficientes para ejecutar programas sociales.

“Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”, aseguró el mandatario quien explicó que “el cupo de emisión anual que realiza el banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que, por un tiempo de 10 a 15 años, el señoreaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia”.

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Uno de los primeros en oponerse a la medida planteada por Petro fue el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien aseguró que “no es buena práctica porque supedita la política monetaria a la fiscal, genera pérdida de credibilidad financiera internacional y hace más costosa o inviable la deuda”.

De hecho, hace tres años, cuando se discutía la conveniencia de emitir en lugar de acudir a la LCF con el FMI, el gerente del banco central colombiano, Leonardo Villar, aseguró que “es un procedimiento que en las circunstancias actuales le afectaría a la credibilidad internacional hacia el Gobierno, hacia el banco y hacia la economía colombiana. Hacerlo podría cerrar otras fuentes de financiamiento y ciertamente las encarecería. Ningún país avanzado del mundo utiliza el crédito directo del banco central como mecanismo de financiación del Gobierno”.

Además, para entonces indicó que entre las economías emergentes es considerado como una mala práctica porque supedita la política monetaria a los requerimientos de la política fiscal.

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La constitución política colombiana establece que para que la idea de Petro pueda llevarse a cabo el Gobierno necesitaría que la totalidad de los integrantes de la Junta voten a favor de dicha medida, situación que hoy luce poco probable, no obstante, hay que tener en consideración que al inicio del próximo año el presidente podrá nombrar dos codirectores de la Junta. Ya cuenta con el voto del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a comienzos de su administración nombró a Olga Lucía Acosta como miembro de Junta, pero ello no le garantiza que ella vote a favor de la medida.

El exministro Restrepo agrega que, en lugar de pensar en emisión, “propongo más bien una propuesta de reactivación y crecimiento que genere ingresos tributarios adicionales para el propósito de paz (no podemos limitarnos con crecimientos mediocres del 2% o menos, se necesita más ambición para crecer y generar recursos); en segundo lugar una seria política de austeridad en el gasto público (eliminando entidades y transferencias innecesarias) que parcialmente se pueda dedicar a ese propósito”.

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Hay que recordar que el Gobierno Petro alista una nueva reforma tributaria para conseguir COP$12 billones para financiar el presupuesto de COP$523 billones del 2025.

La idea del Gobierno de incrementar el Gravamen a los Movimientos Financieros a 5x1.000 ya fue desechada, pero aún no hay certeza de dónde saldrán los recursos del presupuesto para el próximo año.