Bogotá — A pesar de que el departamento colombiano de La Guajira (norte), uno de los más empobrecidos del país, cuenta con condiciones excepcionales para desarrollar la transición energética, la alta conflictividad social para el desarrollo de algunos proyectos, la salida de jugadores relevantes como Enel y las divisiones que genera su adopción en la comunidad indígena de los wayú, mantiene en vilo el futuro del plan al punto de crear una “bomba de tiempo”, según fuentes consultadas por Bloomberg Línea.
En medio de las divisiones al interior de la comunidad wayú, la posición frente a los beneficios de los proyectos de energía renovable hoy está fragmentada y la relación está desconectada, lo que se evidenció en el desistimiento por parte de la firma energética Enel de la construcción del parque eólico Windpeshi en La Guajira.
“A pesar de la disposición permanente de la compañía al diálogo y la concertación, las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales durante 2021 y 2022, y en lo corrido de 2023 la cifra ascendió a un 60%”, explicó la empresa.
Enel comunicó que además de los recursos asociados a los compromisos de consulta previa, se han invertido más de $7.100 millones de pesos en proyectos sociales.
Aunque la compañía asoció su salida a las vías de hecho que impidieron el desarrollo normal de las obras de construcción del parque eólico Windpeshi y los sobrecostos asociados, ciertas facciones de la comunidad wayú cuestionan estos argumentos y ponen en duda los beneficios de estos proyectos en La Guajira, en donde la pobreza multidimensional escaló al 48,7% de la población.
Custodio Valbuena Wouriyú, investigador social y experto en asuntos territoriales y derechos indígenas, hace el paralelo con la explotación del gas en las plataformas frente a las costas en Manaure y dice que las comunidades indígenas no se han visto beneficiadas de esta actividad, al punto de que su calidad de vida “es igual o peor que los colombianos marginados en las grandes ciudades”.
Se hizo una subasta como si los propietarios del suelo, del subsuelo y del territorio ancestral ya hubieran cedido el total de la propiedad para que la sometieran a una subasta. Ahí hubo un error administrativo de la función pública porque violentó el derecho fundamental de las comunidades indígenas que las protege el derecho internacional. Esa es la primera conclusión que resulta de la crisis Enel.
Custodio Valbuena Wouriyú, líder wayú
Señaló además que la explotación de carbón del Cerrejón “solo llenó de expectativas a una clase social en La Guajira, que creyó que con la inversión de los recursos de regalías las condiciones iban a ser otras y ese fue un intento fallido de los guajiros y wayús administrando el departamento”.
“Por eso el tema de las energías eólicas no convence mucho a muchos sectores porque los wayús han aportado el territorio con base a que se tenga explotación y economía balanceada hacia la recuperación de la dignidad y mejor calidad de vida, pero eso no ha sido posible porque la función pública no ha entendido que la diversidad cultural exige cambiar esos códigos de entendimiento entre esas sociedades culturales, que tienen un derecho ancestral y aportan a la economía, y otras que se creen dueñas de esos derechos ancestrales”, apuntó.
La Guajira tiene tres proyectos de energía renovable que entrarán en operación entre 2023-2024 con una capacidad de 568 MW.
No obstante, desde la Asociación de Enegías Renovables (Ser Colombia) advierten sobre importantes retrasos en los proyectos debido a que la línea de transmisión a la que estarán conectados (Colectora 1) aún se encuentra en proceso de consulta previa con las comunidades.
“Entonces no hace sentido construir un parque de generación que en este momento no podría entregar su energía producida y, por el contrario, las instalaciones y equipos se pueden deteriorar con el tiempo sin haber sido usados”, advierte en el documento.
Los otros parques de La Guajira han tenido dificultades con las comunidades, por lo que desde la Asociación han instado al Gobierno y a los indígenas que se articulen para resolver los conflictos y se avance en los trámites ambientales.
De acuerdo a cifras del Gobierno, La Guajira aporta el 36 % de la producción carbonífera nacional.
Pero en la otra cara, más de 66.000 usuarios no cuentan con el servicio de energía eléctrica en el departamento (el 30% de estos).
Las dos caras de la moneda de las energías renovables en La Guajira
El debate sobre la transición energética en la región se da en medio de la agitación por la violencia, las divisiones internas en las comunidades por la viabilidad de los proyectos, entre otros.
Ruth Chaparro, directora de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), señaló en una entrevista con Bloomberg Línea que en este conflicto es importante “entender las otras caras de la moneda” y la crisis social a la que se enfrentan las comunidades indígenas de La Guajira, a pesar de las oportunidades que brinda la transición energética y la urgencia de implementarla.
“Es cierto que los lugares en donde el sol es más fuerte y el viento es magnífico para esa transición energética corresponden a territorios de resguardos indígenas. Esos resguardos son propiedad colectiva de los wayú”, señaló la líder de esa fundación que trabaja con comunidades indígenas para construir infraestructuras que mejoren su calidad de vida y desarrollo sostenible.
Advirtió que estas comunidades están en una crisis humanitaria por lo menos en las últimas dos décadas, concentrando los índices más altos de mortalidad infantil y de desnutrición aguda severa por causas asociadas al hambre. “Los niños se siguen muriendo por falta de agua y alimentos”.
Así como va esto era una bomba de tiempo, esto iba a estallar. Esto ya había estallado antes y llevaron hasta las fuerzas militares y con eso como que calmaron todo. Si no se hace una atención social de verdad, esta es una bomba de tiempo que afecta a todo el país, no solo a los wayú. Pagaremos el precio como país, si no atendemos estas crisis humanitarias.
Ruth Chaparro, directora de Fucai
En ese contexto, dijo que el departamento se debate en esa disyuntiva entre ese potencial para la transición energética (además con carbón, petróleo y sal) y la crisis humanitaria: “Allí hay un cuello de botella que es el relacionamiento. Se necesitan establecer relaciones de largo plazo entre el sector público, el privado y las comunidades indígenas que son dueñas del territorio y requieren un desarrollo social y económico digno”.
Desde Fucai analizan que en la actualidad ese relacionamiento es muy débil, muy fragmentado y muy pragmático, que se refleja en unas reuniones de consultas previas para lograr unas licencias con unos estudios y unos beneficios “no tan claros para las comunidades”.
Por ende, instan a generar un relacionamiento franco, directo y más incluyente y equitativo, apuntando a que sean diálogos colectivos con la población wayú y “no con dos o tres líderes”. Si esto no ocurre, “todos vamos a perder”.
Por lo tanto, llama a que se desarrolle una política sostenible no solo para empresarios, sino también para las comunidades, el medioambiente y los entes territoriales “que tratan de sobrevivir en medio del caos. Yo creo que Colombia debe tener claridad, no se trata solo de aplaudir la transición energética, tiene que ser responsable. No podemos hacer una transición únicamente protegida por las fuerzas militares, tiene que haber acuerdos sociales y ambientales”.
Chaparro considera que la salida de Enel de la construcción del parque eólico puede ser una oportunidad para revisar la manera en la que se está llevando a cabo esta transición energética: “Las empresas necesitan seriedad y solidez e invertir también con garantías, no pueden invertir en zonas inestables social y políticamente, esa es una perspectiva que hay que escuchar”.
“Pero hay que escuchar también cómo los alcaldes y gobernadores no tienen cómo hacer una inversión y responder por una sentencia por falta de recursos. Cómo no disponen de los estudios técnicos, de las dinámicas del agua y de todo lo que se necesita para otorgar las licencias en sus propios territorios, pero además cómo estas comunidades se están muriendo literalmente por falta de agua y no van a tener una participación digna en el negocio”, remató.
Opiniones divididas en los wayú sobre la transición energética
El líder de la comunidad wayú Javier Rojas Uriana expone en conversación con Bloomberg Línea que presuntamente ciertas organizaciones se volvieron “socias de las empresas”, que no nombró, y que les estarían ayudando a despejar el camino para las consultas previas, pero que ahora estarían exigiendo mayores beneficios y se habrían ido contra estas porque “tienen intereses económicos”.
“Hay intereses de una organización específica, unas comunidades que las acompañan, porque Enel y el mismo Ministerio del Interior los acostumbró a eso, porque ellos trabajaban de la mano con ellos”, expresó.
“(…) Ya se vio como un negocio, cuando las comunidades dicen: ‘No, espere, queremos profundizar bien en los estudios ambientales’, entonces las empresas se mueven y les dan algunas coimas a esos grupos asesores para que la comunidad acceda a las pretensiones que ellos tengan”, dijo.
Según Rojas Uriana, “como los acostumbraron mal, pues simplemente en el momento en el que no les quisieron dar más plata, empezaron a presionar de esa manera”.
El líder wayú señala además que dos comunidades desde hace unos cuatro años están solicitando que se haga una consulta previa a Enel porque están a dos metros de la zona de impacto de un proyecto, lo que, según denuncian, podría amenazar la seguridad alimentaria de estas en la zona: “Lo que ellos dan como compensación, que generalmente son entre $90 y $120 millones por 20 años, simplemente no suple el daño que van a cometer”.
Rojas defiende que las comunidades “que ven en riesgo el territorio, el medioambiente y toda la salud aplauden la decisión de Enel de salir territorio. Pero sabemos que eso no es cierto porque ellos allá han hecho inversiones que no van a dejar tirados”.
“Las comunidades que están en esa lucha con Enel no les ha hecho bloqueos, no ha hecho nada, sino solo la vía jurídica se ha utilizado para que los derechos constitucionales se cumplan de la consulta previa”, manifestó el también miembro de la Asociación de Autoridades Tradicionales Shipia Wayú, peticionario de las medidas cautelares y accionante de sentencias como la T172 de 2019 sobre los derechos de los niños.
Cesar Arismendi, coordinador técnico de la Veeduría a la Sentencia T302 de 2017 y docente de Universidad de La Guajira, reflexiona en un análisis a propósito del caso de Winpeshy que “los proyectos innovadores se pueden frustrar, no tanto por la ingeniería de diseño, sino por la ingeniería social”.
“A las comunidades no se les tratan como agentes económicos, sino como actores sociales en medio de las carencias. No se valora que ellas se sacrifican (costo de oportunidad), cuando arriesgan la convivencia y alteran su ordenamiento territorial al disponer sus tierras en favor de terceros beneficiarios de la estrategia de la transición energética”, opinó.
Bloomberg Línea consultó sobre este tema a Enel y a la Asociación de Enegías Renovables, pero no se pronunciaron.
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