Bogotá — El sistema de salud colombiano viene enfrentando una situación compleja desde hace al menos un año y el 2025 no será diferente. Las presiones al sistema siguen aumentando luego de que el Gobierno definiera el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
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La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.
Desde el sector salud venían advirtiendo que el aumento necesario en la UPC rondaba el 17%, sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro expidió la resolución 2717 de 2024 en la que lo incrementó en apenas 5,36%.
El valor anual de la UPC para el régimen contributivo se establece en COP$1,521,489.60, equivalente a un valor diario de $4,226.36.
Este ajuste considera un incremento del 5.36%, compuesto por un 5.2% de inflación y un 0.16% por actualizaciones de servicios y tecnologías.
Luego de conocerse el incremento de la UPC, inferior al solicitado por el sector salud, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que esa es la consecuencia que deben pagar las EPS luego de que el Congreso negara la reforma tributaria que presentó el Gobierno.
Ante ello, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que “la venganza indolente como forma de hacer política. Si se profundiza la crisis de la salud, si se clausuran más servicios, si se cierran clínicas, si los pacientes mueren, eso no importa. Es un merecido castigo político, dicen. La gente no importa ya, insinúan”.
Hay que recordar que el equipo económico del Gobierno, entonces liderado por Ricardo Bonilla, fracasó en su intento de aprobar nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2025, que entró a regir con la necesidad de ser recortado.
Ana María Vesga, presidente de ACEMI, dijo por su parte que “la decisión de aumento de UPC para 2025 pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes”.
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Además, sostuvo que carece de razón técnica, es incoherente con el incremento del salario mínimo y es contradictoria porque más de la mitad de la información que se requiere para su cálculo debía ser proporcionada por EPS bajo intervención estatal.
Hay que recordar que el Gobierno Petro aumentó el salario mínimo en 9,54% y que desde enero del año pasado tiene intervenidas varias EPS que no suministraron la información requerida para definir el aumento de la UPC.
“Simplemente no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos. Es indispensable revisar su cálculo, reproducir y hacer público el ejercicio y proceder al reajuste”, agregó Vesga quien, de paso, anunció que el déficit para 2025 será de COP$9 billones según cálculos de ACEMI.
Algunos actores del sector salud entienden la decisión del Gobierno de incrementar la UPC por debajo de lo requerido como una forma de presión al Congreso para que se apruebe la reforma que ya fue hundida una vez bajo el liderazgo de la exministra de salud, Carolina Corcho.
“¿Entonces el ajuste de la UPC también hace parte de un chantaje señor Gustavo Bolívar? Eso significa que no fue calculado sino calculador y que poco importa la gente. La UPC no es para llenar los bolsillos de las EPS, es para el sostenimiento de un sistema de salud”, dijo Luis Eduardo Pino Villarreal, CEO de OxLER y médico internista.
De otro lado, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno Petro de incrementar la UPC en una magnitud insuficiente.
“resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54%. Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”, dijo la entidad.
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