Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra Movistar porque posiblemente esta empresa de telecomunicaciones ha continuado realizando prácticas de rechazo o recuperación de usuarios que solicitaban la portabilidad, mediante la activación de estrategias comerciales y con el fin de hacer declinar al usuario en su solicitud.
Las estrategias, dice la Superindustria, se traducían en beneficios, promociones y ofertas, que al parecer estarían activando y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización o aceptación previa y expresa; generando de modo inmediato una mora aparente que, a su vez, se estaría argumentando como razón para obstaculizar el traslado de la línea al nuevo operador.
Adicional a eso y fruto del análisis de los documentos que Movistar allegó a la SIC, como soporte de los rechazos de las solicitudes de portabilidad recibidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, cuando la investigada actuó como proveedor donante, “la SIC pudo determinar, de manera preliminar, que los soportes allegados no cumplirían con la orden emitida por esta autoridad debido a que la información aportada, no demostraría que habría actuado conforme a lo establecido en la normativa vigente para la fecha de los hechos”, indicó esta autoridad.
Si se comprueba que Movistar incurrió en las conductas descritas, podría enfrentarse a la imposición de multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a $1.160 millones, por inobservancia de órdenes o instrucciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.
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