Bogotá — Un nuevo rifirrafe sacude al Gobierno de Gustavo Petro: mientras el Ministerio del Trabajo señala que las modificaciones que se harán al decreto de la negociación colectiva del sector público fueron construidas en conjunto, sindicalistas alegan que eso no es cierto.
Lo que el Ejecutivo busca es cambiar el Decreto 160 de 2014, relacionado con los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.
Pues bien, por un lado, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, indicó que “hemos terminado todo el proceso relacionado con la modificación del decreto que regula la negociación colectiva del sector público. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer las 316 observaciones provenientes de 34 personas, sindicatos y académicos. Aceptamos el 30% de estos comentarios”.
Y por el otro, el expresidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), Diógenes Orjuela, manifestó que esas declaraciones del funcionario ofenden “al decir que colgar un proyecto de decreto y acoger algunas observaciones es construcción colectiva”.
Asimismo, que la modificación del Decreto 160 debería ser el producto de negociación directa entre el Gobierno y sindicatos estatales y centrales. ”La negociación estatal en Colombia solo será efectiva cuando conduzca a convención colectiva y este Gobierno “del cambio” hubiera podido acordarlo con los sindicatos”, enfatizó.
Un panorama preocupante si se tiene en cuenta que el objetivo de los cambios a esta normativa es, como lo refirió el mismo Palma, materializar más rápido y de una forma más ágil este derecho de los empleados públicos: “esperamos que una vez quede en firme o se emita este decreto, se puedan adelantar las negociaciones colectivas singulares de este año y que el próximo, que volveremos a negociar nacionalmente, lo podamos hacer bajo este instrumento, con la participación de todas las organizaciones sindicales”.
A lo que agregó que la cartera de Trabajo estará por todo el país haciendo pedagogía alrededor de esta nueva norma que cumplirá, según él, los estándares del Convenio 151 y promoverá mejores condiciones de empleo para los trabajadores del sector estatal.
Recordemos que en junio del año pasado se suscribió la negociación colectiva entre el Gobierno Nacional y 35 organizaciones sindicales, en donde se establecieron beneficios para la carrera administrativa, incorporación de enfoque de género, respeto a la libertad sindical y política laboral. También se acordó la bonificación judicial para 2023, con el IPC causado al año 2022 más el 1,1%, y para este 2024 causado al año 2023 el IPC más el 1,2%.
En ese momento se habló de beneficiar a 1,3 millones de servidores públicos. Dicho acuerdo se logró en la Mesa de Negociación del Sector Público con la participación de más de 1.200 negociadores, 604 peticiones presentadas y 232 acuerdos.
