Bogotá — Si bien el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ha defendido el arancel adicional de 30% al acero que provenga de países con los que Colombia no tiene acuerdo comercial, para el sector de la construcción esta medida hace inviables los proyectos VIS en Colombia.
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Para tomar esta medida, el jefe de esta cartera indicó que se adelantó una investigación técnica que evidenció que dichas importaciones causaban un daño a la industria nacional y que se busca garantizar una competencia equilibrada y justa.
“Con el Pacto por el Acero, que trabajamos con el sector privado, buscamos la creación de una fábrica que produzca aceros planos con tecnologías más limpias y de alto valor agregado en el país. El objetivo es tener un sector siderúrgico competitivo, exportador y líder global”, dijo el Ministro.
Y agregó que parte del acuerdo es realizar un estudio de prefactibilidad con el sector privado, que analiza la demanda de acero plano en el país y en la región, competencia, tendencias de precios y costos de producción local. Esperamos que el estudio esté listo en el 1er trimestre de 2025.
No obstante, desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta.
Para este gremio resulta contradictorio que el Gobierno celebre la adopción de unas medidas arancelarias que claramente van a seguir agravando la generación de empleo en un sector donde el 85% de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios. “Sin la construcción no se puede hablar de una política de reindustrialización”.
La Cámara explica que en el último año se han adoptado al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que tienen un impacto significativo dentro de los costos de la construcción: Decreto 2214 de 2023, Decretos 1227 y 1294 de 2024 y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que imponen aranceles que pueden ser de hasta el 30% para productos importados de hierro, acero y aluminio.
“Solo las medidas adoptadas este año afectan el 88% de las importaciones de aluminio, el 55% de las importaciones de alambrón y el 31% de las importaciones de barra.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, manifestó que “es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda”.
A lo anterior se suma que el Ministerio de Vivienda manifestó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados por el Gobierno para el próximo año, y que cerca de 6.000 de los 20.500 subsidios ya se encuentran preasignados.
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Asimismo, la Cámara prevé que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría en un 39% pasando de COP$4,3 billones en 2024 a COP$2,66 billones en 2025.
“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, dijo Herrera.
Y frente al recorte presupuestal enfatizó que traerá serios efectos económicos. “Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55.000 VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011″.
Además, puntualizó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200.000 puestos de trabajo durante 2025.
De acuerdo con el Dane, en agosto de 2024 la construcción fue el sector de la economía que más puestos de trabajo perdió con 84.000 plazas: en vivienda se perdieron 79.000 empleos, de los cuales 47.000 (59%), dice Camacol, fueron trabajos de obreros, oficiales y operarios. “De esta manera se está afectando a los hogares y trabajadores de menores ingresos”, insistió el gremio.
