Bogotá — Las tarifas de energía en Colombia son una polémica constante, en especial de después de la pandemia. El sistema enfrenta importantes retos que requerirán grandes inversiones y ajustes.
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En el periodo postpandemia, las tarifas del servicio de electricidad presentaron las mayores variaciones en más de 23 años.
De acuerdo con un reciente análisis de Corficolombiana en los últimos cuatro años, el precio de este servicio por mes ha aumentado en promedio un 15,3% anual, cifra superior al aumento promedio entre 2001 y 2010 (9%) y al periodo 2010-2020 (5,2%).
Pensando en el desarrollo del sistema, Corfi sostiene que se debe crear un sistema de correspondencia con los puntos de pérdidas que sean recuperados.
De otra forma, los incentivos pueden abrir la posibilidad de que el componente de pérdidas sea creciente en el largo plazo.
Esto puede incluirse como un condicional atado a la eficiencia de los distribuidores para minimizar las pérdidas de energía.
En el mediano y largo plazo, es esencial promover la inversión en el sector energético. Para lograrlo, es fundamental diseñar un indexador que refleje de manera más precisa los costos de generación de energía.
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Este indexador debe estructurarse de tal manera que incentive las inversiones en el desarrollo y la mejora de la oferta de energía eléctrica nacional.
Si el sistema de indexación no remunera adecuadamente estas inversiones, existe el riesgo de que no se desarrollen nuevos proyectos ni se realicen mejoras en la infraestructura existente, lo que podría limitar la capacidad del país para enfrentar futuros desafíos energéticos y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.
Evolución de las tarifas
La dinámica creciente en los precios de la electricidad ha sido un comportamiento generalizado en las distintas ciudades del país, aunque el ritmo al que han aumentado varía entre ellas.
Las tarifas de energía se definen a través del Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU). Este costo refleja lo que se paga por cada kilovatio hora (kWh) de energía consumida y es el resultado de la suma de varios componentes: Generación (G), que es el costo de producir la energía; Transmisión (T), que se refiere al transporte de la energía desde las plantas de generación hasta las redes principales; Distribución (D), que incluye el transporte de la energía desde la red principal hasta los usuarios finales; Comercialización (C), que cubre los costos de gestión de los contratos y la atención al cliente; y, finalmente, Restricciones (R) y Pérdidas (P), que representan las limitaciones en la red y la energía que se pierde en el proceso de distribución.
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Entre enero de 2020 y agosto de 2024, la tarifa de energía eléctrica en Colombia aumentó un 70%.
En 2020, el Costo Unitario (CU) promedio era de COP$538 por kWh, lo que significaba que un hogar de estrato cuatro pagaba alrededor de COP$85 mil mensuales. Para 2024, el CU subió a COP$916 por kWh, elevando la factura mensual a aproximadamente COP$144 mil por el mismo consumo.
Aunque los precios en la bolsa crecieron a ritmos anuales de tres dígitos en marzo y abril, el valor del componente de generación aumentó en menor medida, un 39% anual. Esto se debe a que la mayor parte de la energía consumida en el país se negocia a través de contratos de largo plazo, y solo el 20% de la demanda de energía se adquiere mediante la bolsa.
Recientemente, se ha observado una desaceleración en el crecimiento de las tarifas de energía. Tras el incremento en las lluvias en mayo, los costos del componente de generación comenzaron a moderarse.
De hecho, en agosto, este componente registró su primera variación anual negativa desde julio de 2021. Sin embargo, en los últimos dos meses, se ha deteriorado el nivel de los embalses debido a la escasez de lluvias en el país.
Tarifas más altas en la Costa
Aunque el aumento de las tarifas fue generalizado, se presentaron diferencias significativas entre las regiones.
Actualmente, las tarifas de energía en la Costa Atlántica son un 18% más altas que en el interior del país, principalmente debido al mayor costo de los componentes de pérdidas y de la opción tarifaria.
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En 2020 y 2021, la Costa Atlántica disfrutaba de tarifas más bajas, según el Costo Unitario (CU), en comparación con otras regiones.
Sin embargo, el componente de pérdidas, asociado a problemas como el deterioro de las redes eléctricas y el robo de electricidad, se incrementó considerablemente en el Caribe durante 2021.
Aunque la mayor diferencia en este componente se registró en 2021, cuando el valor promedio para la Costa Atlántica era de COP$245 }/kWh frente a COP$51 /kWh en el resto del país, actualmente la brecha sigue siendo casi del doble, con COP$126 /kWh en la Costa frente a COP$66 /kWh en el resto del país del país.
Colombia vs. LatAm
En el periodo postpandemia, Colombia tuvo un incremento en la tarifa de energía mucho mayor al de los países de la región.
Entre 2020 y 2024, el país registró un incremento promedio de 12,8% anual en el precio de la electricidad que pagan los hogares, mientras que, en los países de la región, este creció en promedio 4,1% anual.
De hecho, Colombia tuvo un incremento de cerca del triple que Perú, México (4,7% anual) y Brasil (4,3% anual), y cerca de cinco veces el incremento de Chile (2,6% anual).
Sin embargo, países como Chile y México, con los menores incrementos en las tarifas de energía en el periodo postpandemia, han optado por decisiones con fuertes impactos fiscales o inflacionarios.
En el caso de Chile, tras el estallido social de 2019, las tarifas de electricidad fueron congeladas en todos las componentes de la cadena de suministro de energía, es decir, se mantuvieron constantes los componentes de generación, transmisión y distribución.
En este sentido, cerca del 90% de la tarifa se ha mantenido congelada por más de cuatro años. El congelamiento de las tarifas eléctricas ha acumulado una deuda de alrededor de 6.000 millones de dólares, equivalentes al 2% de su PIB.
Para entender la magnitud del costo del congelamiento de las tarifas en Chile, vale la pena recordar que la deuda de la opción tarifaria en Colombia equivale a 1.200 millones de dólares, una quinta parte de la correspondiente para Chile.
Con el objetivo de empezar a saldar la deuda, el Gobierno chileno tomó la decisión ajustar la tarifa de energía a partir de julio de 2024. A partir del séptimo mes del año, las tarifas de energía en Chile aumentarán un 20% anual hasta enero de 2025.
De hecho, el rubro de IPC de electricidad pasó de un incremento del 3,7% anual en junio a uno de 20,2% en julio.
Este aumento se mantendría en los próximos cinco meses, para luego, en enero de 2025, incrementar el valor de las facturas alrededor de un 62%. En solo seis meses, Chile va a presentar alzas de más del doble que el mes con el mayor aumento en las tarifas de energía en Colombia (28,5%).
En el caso de México, desde 2016 el Gobierno asigna desde el presupuesto nacional un subsidio para reducir el valor de la tarifa de electricidad a los hogares del país.
Entre 2016 y 2024, el Gobierno mexicano ha destinado un total de 31 mil millones de dólares (1,1% del PIB de 2023) para reducir el valor de las tarifas.
Si bien la variación del rubro del IPC de electricidad en México durante los últimos ocho años ha sido la menor en la región, año tras año el Gobierno destina el 0,3% del PIB para reducir el valor de las facturas.
Nuevamente, para entender la magnitud de lo que México gasta para mantener bajos los incrementos en las tarifas, esto sería equivalente a destinar cerca de cinco billones de pesos al año en Colombia.
A pesar del importante aumento en las tarifas de energía en Colombia, los precios de este servicio público no son los más altos de la región.
Si bien los precios de la energía eléctrica para uso residencial en Colombia aumentaron más que los demás países de la región en el periodo postpandemia, estos todavía se encuentran en la media regional.
Aunque Colombia tiene tarifas de electricidad más caras que Ecuador, Brasil y México, tiene menores precios respecto a Chile, Perú y Costa Rica.
