La reforma pensional, que busca recibir el visto bueno en la Cámara de Representantes antes de que termine el periodo legislativo, continúa recibiendo observaciones. Este cinco de junio se conoció que la Procuraduría General de la Nación envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una serie de recomendaciones que, de no ser tenidas en cuenta, “haría inviable la implementación” del proyecto de ley.
El pronunciamiento de la Procuraduría no solo se conoce mientras la iniciativa cursa su último trámite en plenaria de la Cámara de Representantes, sino un día después de que el Ministerio de Hacienda le diera el aval fiscal.
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De acuerdo con la delegada de asuntos de trabajo y seguridad social de la Procuraduría, en el proyecto de reforma pensional se deben revisar 46 temas estructurales del sistema, ya que “podrían vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros”.
El ministerio público además pidió al ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tener en cuenta el costo final de la iniciativa en el presupuesto general de la nación.
Pide que se implemente en 2026
Una de las observaciones de la Procuraduría al proyecto de ley es que su entrada en vigencia, de ser aprobado en el Congreso, sea a mediados de 2026 y no a partir del primero de julio de 2025, como se consigna en la iniciativa.
“Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios”, aseguró ente de control.
La Procuraduría, sin embargo, no es la única en sugerir que la reforma pensional se ejecute dentro de dos años. Lo mismo había hecho la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF) y firmas como Crowe Colombia.
“Preocupa el término de un año para que entre en vigencia la reforma, especialmente porque muchos de los asuntos planteados están sujetos a la reglamentación del Gobierno en diferentes ámbitos y requieren la interacción de diferentes ministerios y entidades públicas”, explicó Andrés Francisco Monroy, gerente de impuestos y servicios legales de Crowe Colombia.
Sumado a ello, la Procuraduría y expertos en el tema afirman que Colpensiones no está preparado para asumir las historias pensionales de cerca de 19 millones de personas, por lo que piden una implementación gradual de la reforma a partir de 2026.
Sugerencias de los expertos a las reforma pensional
Uno de los puntos de la reforma pensional que más debate suscita es el umbral de salarios mínimos para la cotización en el régimen público de pensiones. El proyecto de ley contempla que el umbral de cotización obligatorio en Colpensiones sea de 2,3 salarios mínimos, mientras que expertos centros de pensamiento como Fedesarrollo han sugerido que sea menor, concretamente de 1,5 salarios mínimos, para que la reforma sea sostenible.
Ahora bien, distinto es lo que piensa el presidente Gustavo Petro, que semanas atrás planteó la posibilidad de aumentar el umbral de cotización a cuatro salarios mínimos en la discusión de la reforma pensional en la cámara. De hecho, los sindicatos exigen lo mismo que el mandatario de Colombia, como lo hicieron saber en una carta enviada al Congreso el pasado cuatro de junio.
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En el documento, se lee: “Entre más alto el umbral, más derechos y entre más bajos más privilegios para el sistema financiero, representado en los fondos privados. Por consiguiente, llamamos a los y las representantes a la cámara a tener en consideración la propuesta de que el umbral de cotización sea de cuatro salarios mínimos”.
