Bogotá — Arranca una semana que será clave para la reforma laboral, proyecto que logró la semana pasada en la Cámara de Representantes la aprobación de más de 30 artículos, entre los que se encuentran los cambios a la jornada diurna y nocturna, la jornada flexible para trabajadores con responsabilidades familiares del cuidado y las obligaciones especiales del empleador.
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No obstante, para el sector privado, la reforma contiene medidas que generarían un impacto nefasto tanto para el empleo en Colombia como para la formalidad.
Rosmery Quintero, directora de Acopi Atlántico (gremio de las mipymes) y presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, le dijo a Bloomberg Línea que convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral generaría un incremento significativo en los costos de contratación para las empresas, lo que podría tener varios efectos adversos.
Explicó que esa propuesta significa que el actual apoyo de sostenimiento, que es del 75% del salario mínimo, se incrementaría al 100%, y que el costo mensual para las empresas por cada aprendiz pasaría de COP$975.000 a $2.020.162 aproximadamente, incluyendo las prestaciones legales y sin tener en cuenta los beneficios adicionales que algunas empresas puedan ofrecer, lo que podría aumentar aún más este costo.
“En otras palabras, si una empresa tiene contratados a tres aprendices, el costo mensual se incrementaría del total de COP$2.925.000 a COP$6.060.486, lo que representa un aumento del 107% en su estructura de costos del 107% en su estructura de costos. Consideramos que no se tiene en cuenta la inversión que hace el sector empresarial debido a que los aprendices culminan su proceso de formación en las empresas”, puntualizó la dirigente gremial.
Ahora bien, según la Encuesta de Desempeño Empresarial del Observatorio Nacional de la MiPyme, y frente a la consulta a los empresarios sobre la permanencia laboral tras las prácticas empresariales, el 34,7% afirmó que mantenía entre uno a tres aprendices en su empresa tras finalizar el proceso de prácticas. Esta permanencia, dijo Quintero, podría verse afectada debido a los incrementos que se darán al darle carácter laboral al contrato de aprendizaje.
Por otro lado, Acopi hace reparos al artículo que establece que los trabajadores con responsabilidades familiares de cuidado deben acreditar dicha responsabilidad mediante una certificación para acceder a las modalidades de trabajo flexible o remoto.
Expresa que el proyecto no especifica claramente quiénes serían las entidades responsables de emitir dicha certificación ni los procedimientos detallados para obtenerla.
“Esta falta de claridad puede generar incertidumbre tanto para los trabajadores como para los empleadores. Si el proceso de certificación es burocrático o lento, podría retrasar la posibilidad de que los empleados accedan a los beneficios de la jornada flexible o trabajo remoto, afectando la efectividad de la norma”, dice el gremio.
Y agrega que se debe tener en cuenta la diferenciación empresarial al momento de regular porque para las grandes empresas con estructuras de recursos humanos avanzadas, la revisión y aceptación de certificaciones puede ser un proceso relativamente manejable. Sin embargo, anotan que las pequeñas y medianas empresas podrían carecer de la capacidad para gestionar adecuadamente estos trámites y evaluaciones, generando una carga desproporcionada sobre sus recursos administrativos.
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Por otro lado, María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, comentó que a pesar de los reiterados llamados de diferentes sectores sociales para establecer una política pública basada en propuestas que aborden de manera integral la realidad laboral en Colombia, el Gobierno insiste en presentar al legislativo una reforma que desmotiva la generación de trabajo y perpetúa la informalidad.
Esta alianza hace tres críticas al proyecto. La primera, que la reforma laboral prioriza el trabajo dependiente, excluyendo a los trabajadores independientes e informales, lo que contradice la protección de todas las modalidades laborales.
La segunda, que estigmatiza la tercerización de servicios, crucial para la especialización y competitividad empresarial, y limita la automatización, lo que incrementa costos operativos. Estas restricciones afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas, reduciendo su capacidad para competir en un mercado global donde la eficiencia es esencial.
Y la tercera, que impone un modelo de negociación colectiva que homogeniza condiciones entre empresas de diferentes tamaños, lo que dificulta la competitividad de las micro y pequeñas empresas.
“Además, la falta de claridad en el manejo de huelgas en servicios esenciales y la prohibición de pactos colectivos limitan la libertad de negociación, generando potenciales conflictos laborales”, agrega Aliadas.
