Bogotá — La reforma laboral del Gobierno no encontró el respaldo que necesitaba en el Congreso colombiano y se hundió sin haber pasado primer debate, por lo que la Administración de Gustavo Petro pretende presentarla nuevamente el 20 de julio próximo. Pero, ¿cómo debería cambiar ese documento para tener más éxito en el Congreso?
La reforma buscaba devolverle derechos a los trabajadores al modificar la jornada de trabajo diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y la nocturna de 7:00 p.m. a 6:00 a.m., así como aumentar la remuneración del recargo dominical (el pago sería del 100% sobre el salario ordinario y no del 75% como ocurre actualmente).
Asimismo, establecía que ni el sector privado ni el público podrían hacer contratos de prestación de servicios si estos trabajadores desempeñan labores de la actividad principal de la empresa o entidad, al mismo tiempo que restablecía el preaviso al empleador, sin importar la finalidad o las modalidades de huelga, entre otros.
No obstante, en los debates públicos la reforma encontró una férrea oposición del sector productivo, especialmente de los gremios, al señalar que esta reforma no planteaba una fórmula clara para la creación de empleos, no tenía en cuenta las particularidades operativas de cada sector ni las modalidades flexibles de trabajo.
El mismo gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que si bien la reforma podría tener impactos positivos para los trabajadores que ya están contratados formalmente, esta puede causar “una reducción de empleo significativa”.
Días antes, un informe de investigadores del Emisor, que no representa la visión de la Junta Directiva, concluyó que, en el escenario medio, el incremento en los costos salariales recortaría 454.000 empleos formales (en un rango entre 152.000 y 746.000, dependiendo de la respuesta estimada del empleo formal a los costos salariales), equivalente a una reducción de 2,1 pp de la tasa de formalidad, en un horizonte de entre tres y cuatro años”.
La visión de los trabajadores frente a la reforma laboral
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Fabio Arias, cree que la reforma laboral del Gobierno contó con los espacios suficientes de discusión en la Comisión Nacional de Concertación.
“Primero, en una subcomisión técnica en la que se realizaron por lo menos 21 reuniones con representantes de la Comisión Nacional de Concertación, es decir, Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia) y Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)”, dijo.
Y por parte de los trabajadores con las diferentes centrales y las confederaciones de pensionados.
Según Arias, varias de las propuestas de los empresarios fueron recogidas por el Gobierno a pesar de las diferencias: “Al final, aceptamos que algunas cosas que acotó el empresariado deberían quedar así, especialmente porque el Gobierno las avaló”.
Lo grave, dijo, es que los representantes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U y Centro Democrático se hayan negado “sistemáticamente” a debatir el proyecto de reforma que llevó el Gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que a su juicio fue un “paro Parlamentario” para hundir la iniciativa.
En todo caso, las centrales de trabajadores defienden que la reforma laboral tiene elementos sustanciales que pueden retomarse en la próxima legislatura, especialmente frente a los recargos nocturnos y los dominicales.
La reforma “no necesita ningún cambio en términos genéricos, es parte de lo que propuso el Gobierno Petro en plena campaña electoral (…) lo que habría que mirar es si hay una redefinición de los partidos que se vienen oponiendo a ella. (…) El camino más exitoso en la próxima legislatura para la reforma laboral será la posibilidad de que el Gobierno logre reconstruir la coalición” que le permitió sacar adelante otra serie de iniciativas como la reforma tributaria, opinó Fabio Arias.
Asimismo, adelantó que la CUT está comprometida con “movilizarse para demandar al Congreso de la República que se deben aprobar las reformas”, pues consideran que no se puede actuar con “mezquindad” y darle “la espalda al país”, lo que aviva la inconformidad.
Los gremios piden un cambio en el discurso, ponerse en los zapatos de los empresarios y generar cambios
Del lado de las agremiaciones, hay la visión de que el trámite de reformas sociales debe hacerse por construcción colectiva, de lo contrario, consideran que su legitimidad será cuestionada.
“Promover la discusión con la premisa de ‘enemigos de’ solo contribuye a polarización en la que perdemos todos. (…) Debe existir un diálogo real y no meramente formal, contar con la participación de todos los sectores económicos, que atienda sus necesidades sin condenar a los empresarios. Es con diálogo, no con monólogos que se construye país, pues este es un compromiso de todos, no de unos pocos”, dijo a Bloomberg Línea la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) y de la organización gremial Aliadas, María Claudia Lacouture.
La ejecutiva dijo que tal como estaba el proyecto de reforma laboral, se equiparaba la flexibilización contractual con la precarización laboral, “lo cual no es exacto”.
“Las empresas están en la disposición total de impulsar la formalización laboral, aumentar los aportes en seguridad social e incrementar la protección social al trabajador, a partir de nuevos modelos contractuales que lo permitan”, opinó al respecto.
También veía problemático el hecho de que la reforma presentada contemplaba diversas acciones que, analizadas en conjunto, incrementan sustancialmente la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% del tejido empresarial.
“El aumento exponencial entre 15 y 25 días por indemnización de despido injustificado, recargos nocturnos y festivos, incremento de licencias y períodos y el reajuste salarial por un porcentaje igual al del IPC, son algunos ejemplos de lo mencionado que generan mayor presión sobre los empleadores”, ahondó.
La reforma laboral se debe reformular permitiendo que cumpla con el propósito de desarrollar los cuatro pilares que se requieren para promover el desarrollo económico y social del país: 1. La reducción de los índices de desempleo e informalidad, 2. La protección de los derechos de los trabajadores, 3. La actualización del sistema jurídico a la nueva realidad del mercado laboral y 4. La protección a la libertad de empresa, como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de transformación social.
Presidente de Asofiduciarias, Germán Arce.
Germán Arce, presidente de la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), destaca del proyecto de ley del Gobierno “las propuestas de promoción de equidad de género y de personas con diversidad sexual y con discapacidad”, así como el criterio de unidad negocial que introduce frente a todas las organizaciones sindicales que concurren en una misma empresa y que deben presentar un solo pliego de peticiones, que finalizará en una única negociación colectiva.
No obstante, tiene la visión de que “la reforma laboral que se ha propuesto por el Gobierno pareciera que solo contempla las discusiones entre empleadores y sindicatos y que reviviera viejas luchas sindicales de hace veinte años. Es un proyecto que no aborda las nuevas realidades del mercado laboral, ni la realidad de millones de colombianos que están desempleados o que no cuentan con un trabajo formal”, explicó.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) citados por el directivo, los costos laborales en Colombia representan el 45% de los ingresos brutos de las empresas, mientras que, en el promedio de los demás miembros de la OCDE, esta cifra es solo del 36%.
“Lo que explica una desventaja comparativa en el potencial de crecimiento de las empresas, porque implica la reducción de su capacidad económica para invertir en la expansión y modernización de sus operaciones. Al aumentarse los costos en el país, los inversionistas empezarían a considerar otros países para sus nuevos proyectos o trasladar los actuales en virtud de hacer más eficiente la operación”, comentó.
En este sentido, ¿qué cambios debería tener el documento que se radique en la próxima legislatura para tener mayor éxito y generar una mayor concertación?
Para AmCham, estas son algunas de las consideraciones que deberían tener en cuenta en la construcción de ese documento:
- Debe contar con una propuesta integral que pueda cumplir con el objetivo de estimular la generación de empleo y la formalización. Adicionalmente, establecer estímulos para la generación de empleo joven formal que les permita cotizar en el sistema de salud y pensión, al tiempo que debe garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las finanzas del país.
- Hay que estimular los encadenamientos productivos y de servicios entre empresas, promover la flexibilización laboral que responda a las necesidades de recurso humano de las compañías, sin perder la formalidad del empleo ni afectar la viabilidad de las empresas.
- El 80% del crecimiento del país es generado por el consumo de los hogares y el consumo por empleo, crédito y remesas, por lo tanto, lograr fortalecer la viabilidad del tejido empresarial para que pueda darse crecimiento económico es indispensable para tener un país viable.
- Para Amcham, el proyecto de ley debe ser una oportunidad para actualizar el Código Sustantivo del Trabajo para que esté acorde con las nuevas modalidades de trabajo. Es importante dignificar el trabajo doméstico y fortalecer las acciones para eliminar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
- En el nuevo proyecto se debe tener en cuenta la competitividad del mercado laboral colombiano en relación con otros países. En la iniciativa que se hundió, veían con preocupación la posible pérdida de competitividad con respecto a naciones latinoamericanas con economías similares. Por ejemplo, según Amcham, Colombia tendría la tarifa más alta en materia de recargos en comparación con los países que integran la Alianza del Pacífico.
- Hay que cambiar la propuesta que establecía una Estabilidad Laboral Reforzada sin criterios jurídicos evidentes ni reconocimiento de la jurisprudencia existente. Esto genera un desequilibrio en las relaciones laborales estableciendo como requisito para surtir los despidos con justa causa, la autorización administrativa o judicial para que esta sea efectiva.
- La extensión inexacta de la presunción de solidaridad en procesos entre empresas limita los procesos de subcontratación para ejercer funciones complementarias de las compañías, ya que acarreará mayores costos operacionales por asumir las obligaciones salariales y prestacionales contraídas por el tercero. Esto impide la generación de cadenas de valor en la industria nacional. Lo anterior, genera rigidez en el mercado laboral, impidiendo la ejecución de labores especializadas no afines al objeto social y desconociendo las realidades de los diferentes sectores económicos.
Desde Asofiduciarias consideraron que deberían revisarse los siguientes puntos:
- El énfasis de la reforma laboral debería estar centrado en construir condiciones para generar empleo y reducir la informalidad. La reforma laboral propuesta por el Gobierno debería ser capaz de incorporar en las propuestas a toda esa población que hoy no contribuye al sistema de seguridad social. Asofiduciarias defiende que se necesita un sistema que tenga una base de cobertura mucho más amplia y para eso hay que derrumbar las barreras a la formalidad. Se requiere ampliar el diálogo y el consenso para poder identificar exactamente cuál es el problema que se quiere resolver.
- La competitividad del país y la atracción de inversión extranjera es uno de los asuntos que definitivamente deberían abordarse en el marco de una reforma laboral.
- Para combatir la informalidad y adaptarse a las nuevas dinámicas laborales, se propone un mecanismo para que trabajadores, contratistas e independientes que reciben una remuneración mensual inferior a un salario mínimo, porque no pueden o no quieren ofrecer todo su tiempo a la actividad laboral, puedan hacer aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de forma proporcional al tiempo laborado y a los ingresos generados.
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