Bogotá — A pesar de la oposición del sector privado y centros de pensamiento económico a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el proyecto de acto legislativo está a días de ser una realidad Ahora, es el Consejo Gremial quien pide al Gobierno Nacional un análisis profundo de su impacto fiscal, mientras que Fedesarrollo emite alertas por las consecuencias en endeudamiento y déficit fiscal.
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Frente a lo anterior, dice este organismo que de acuerdo con la regla de asignación actual, basada en el crecimiento promedio de los ingresos corrientes del país en los últimos cuatro años, se proyecta que la participación de las transferencias del SGP en estos ingresos alcanzará un 28,4% para 2038. No obstante, que en el escenario planteado por el proyecto en mención, esta proporción se elevaría a un 39,5% en el mismo año.
Por lo que, como porcentaje del PIB, las transferencias del Gobierno representarían un 5,2% en el escenario base para 2038, mientras que, con la implementación de la reforma, estas transferencias alcanzarían el 7,3% del PIB en ese mismo año.
“En promedio, entre la entrada en vigor de la reforma en 2027 y la meta a 2038, la diferencia en las transferencias del Gobierno nacional al SGP como porcentaje del PIB sería de alrededor de 1,1 puntos porcentuales, alcanzando una brecha de 2,1 puntos porcentuales en 2038″.
Explica Fedesarrollo que en el escenario base, se estima que los ingresos totales del Gobierno se ubicarían en un promedio del 19,0% del PIB entre 2027-2038 y que durante este mismo periodo, en este escenario, el gasto total promedio del Ejecutivo se proyecta en alrededor del 22,2% del PIB, lo que generaría un déficit fiscal promedio del 3,2% del PIB.
Por otro lado, de aprobarse el proyecto y manteniendo los ingresos constantes, los mayores recursos destinados al SGP aumentarían el gasto del Gobierno en 1,1 puntos porcentuales en promedio, con lo que estos pasarían de representar 22,2% a 23,3% del PIB. Como resultado, el déficit fiscal se ampliaría en esta misma magnitud, pasando de un promedio de 3,2% a 4,3% del PIB entre 2027-2038, y alcanzaría un nivel de 5,4% del PIB en 2038, resalta el centro de pensamiento.
Y concluye que el aumento de las necesidades de financiamiento derivadas del incremento en el gasto público resultaría en un incremento del nivel de endeudamiento del Gobierno. En este contexto, la deuda neta del Gobierno nacional no solo superaría el ancla de deuda fijado por la regla fiscal en el 55% del PIB, sino que, a 2038, el alto déficit fiscal llevaría a que la deuda se acerque al límite del 71% del PIB establecido por la regla fiscal, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Entre 2027 y 2038, en el escenario en el que se aprueba la reforma “la deuda neta del Gobierno se ubicaría en un promedio de 60,6%, 4,7 puntos porcentuales por encima del escenario base (55,9% del PIB). De este modo, el efecto fiscal de la propuesta se vería reflejado en un aumento de 12,1 puntos porcentuales del PIB en la deuda a 2038, pasando de 55,6% del PIB en el escenario base a 67,7% del PIB con la medida propuesta”.
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El llamado del sector privado
El Consejo Gremial, liderado por el también presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que más recursos no garantizan una mayor autonomía, como lo han demostrado experiencias previas con el Situado Fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la Nación.
“La autonomía genuina requiere una planificación cuidadosa, que permita a las regiones asumir competencias según sus capacidades reales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿tienen algunas entidades territoriales, especialmente las más marginadas, la capacidad de gestionar estos recursos?”, cuestiona el organismo.
A la vez que señala que aunque la descentralización es esencial, competencias clave como la seguridad y la administración de justicia deben mantenerse en el ámbito nacional, pues exceden las capacidades y recursos locales.
Con lo que el fortalecimiento territorial debería centrarse en áreas donde las regiones puedan asumir un rol sostenible, evitando una dependencia creciente de los recursos nacionales y promoviendo su capacidad para generar ingresos propios.
Por lo que los empresarios piden que este proyecto cuente con el análisis de su impacto fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo que detalle sus implicaciones en la Regla Fiscal como criterio constitucional para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.
Asimismo, que se defina en el mismo proyecto la redistribución de competencias o responsabilidades que asumirán las entidades territoriales para que se reconozca la realidad diferenciada particular de cada uno de los entes territoriales, “máxime si se tiene en cuenta que las regiones colombianas son extremadamente heterogéneas en su capacidad administrativa y financiera”.