Bogotá — Ad portas del último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones en la Plenaria de la Cámara de Representantes, la balanza está dividida. Mientras expertos económicos insisten al Gobierno Petro sobre los riesgos del proyecto, el Ejecutivo defiende la iniciativa y da como un hecho su aprobación.
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El propio Banco de la República se ha opuesto a la reforma. Un documento del Grupo de Análisis Fiscal del Emisor analizó los riesgos que acarrea esta transferencia de recursos, en el caso que no sea posible una disminución equivalente de los gastos del gobierno nacional central (GNC) y señaló que el aumento en las transferencias previsto por el proyecto de acto legislativo implicaría un aumento del déficit del GNC para 2038 del 2,8% al 4,7% del PIB.
Asimismo, que el aumento en las transferencias previsto por el proyecto de acto legislativo implicaría un aumento de la deuda neta del GNC del 54,9% al 64,6% del PIB.
Con lo que la vulnerabilidad de las finanzas públicas es ya significativa y la reforma planteada al Sistema General de Participaciones haría aún más demandante el esfuerzo de ajuste en el resto del gasto público del GNC, dice el BanRep.
Adicional a eso, que esta reforma podría tener consecuencias sobre el comportamiento de otras variables como la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica.
Para cuantificar estos efectos, refiere el Emisor, se recurre a un modelo de equilibrio general que parte del supuesto de que el incremento del gasto del gobierno es financiado con un mayor endeudamiento, lo cual eleva la percepción de riesgo del país. “Como resultado, las condiciones financieras más exigentes llevarían a una caída en el consumo de los hogares y a una mayor depreciación del peso que a su vez reduce el consumo y la inversión privada”.
La contracción de la demanda interna privada, concluye el análisis, no alcanza a ser compensado por el aumento del gasto público (impulsado por el proyecto de ley) y de las exportaciones, lo cual se refleja en un menor nivel del PIB. “Es importante señalar que los resultados descritos no consideran el impacto sobre el gasto del Gobierno Nacional debido al traslado de competencias a los municipios y departamentos”.
A lo que se suma una carta enviada por más de 100 exministros, exgerentes y excodirectores del Banco de la República, economistas y empresarios, entre los que se encuentran Felipe Bayón (expresidente de Ecopetrol), Juan José Echavarría (exgerente del Emisor) y Mauricio Cárdenas (exministro de Hacienda), donde reiteran al Gobierno Petro que si se aprueba esta modificación al Sistema General de Participaciones “se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones”.
Asimismo, que entre las advertencias está la severa disminución del PIB, del consumo privado, del bienestar social y de la inversión, así como el aumento de la deuda pública por encima de niveles sostenibles.
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“Estos pronósticos no pueden pasarse por altos y deben ser sometidos a un serio análisis tanto de parte del Gobierno que tiene la obligación de parar el trámite del proyecto por las consecuencias advertidas, como de los miembros del Congreso que voten a favor de los cambios”, dice la misiva.
Los expertos enfatizan que si se cumplen estos pronósticos, los funcionarios involucrados del Gobierno y del Congreso no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma y tendrán que enfrentar la responsabilidad legal que se les atribuiría por los daños a la administración del Estado y sus finanzas y la responsabilidad disciplinaria por incumplir sus funciones legales.
¿Qué dice el Gobierno?
Después de un debate de más de ocho horas, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó esta reforma con 26 votos a favor, mediante la cual se busca que el Sistema General de Participaciones (SGP) de los departamentos, distritos y municipios de Colombia represente mínimo el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación.
Durante el debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que este proyecto responde a una demanda histórica de las regiones por mayor autonomía financiera y administrativa, y es crucial para que el Estado lleve sus recursos y programas directamente a los territorios.
El jefe de esta cartera indicó que la iniciativa tiene tres líneas claves: “la primera es que este Acto Legislativo no entra en vigencia si no se aprueba una Ley de competencias en los próximos dos años. La segunda es que este esfuerzo tiene que contribuir al cierre de las brechas entre los territorios del país. Y tercero, que se va a aumentar significativamente la bolsa de educación del Sistema General de Participaciones”.
Para el Ejecutivo, esta reforma es clave para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución de 1991, devolviendo a municipios, distritos y departamentos la autonomía para decidir sobre la inversión de recursos en programas clave para su desarrollo.
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“Actualmente, los entes territoriales reciben poco más del 20% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), pero la reforma busca aumentar este porcentaje al 39,5%, lo que permitirá mejorar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento”, destaca el Ejecutivo.
Para el ministro Cristo, esto es un buen ejemplo de que el espíritu de avanzar en la autonomía territorial en Colombia genera unión entre los colombianos, genera consensos y debe hacer parte del acuerdo nacional. Además, dijo que se necesita un Estado mucho más presente, mucho más fuerte en los territorios que es donde los ciudadanos lo necesitan.