Bogotá — A pesar de que ninguna de las reformas (pensional, laboral y la de salud) del Gobierno Petro ha logrado ser aprobada en el Congreso de la República, a días de que acabe la primera legislatura del año, el Presidente ya anunció dos proyectos más para el segundo semestre: la reforma a los servicios públicos y la reforma a la Ley 30 de 1992, mediante la cual se organización la educación superior.
Frente a esa primera propuesta, el jefe de Estado señaló que la reforma será “para el que eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a mano llenas sino el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”.
A lo que agregó que son las reformas que “nos gritaron” en las plazas públicas antes de ganar la Presidencia de la República.
“La finalidad única de ese proyecto de ley es desarticular el sistema y minar su independencia, así el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos tomarían para ellas muchas de las facultades de regulación e intervención que están en cabeza de órganos técnicos e independientes como las comisiones”, le dijo a Bloomberg Línea Andrés Barreto, excomisionado de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
Asimismo, manifestó que “un proyecto en tal sentido generaría contingencias como la ausencia de prestación del servicio, pueden dejar tiradas las concesiones los actuales operadores, una avalancha de demandas contra el Estado y lo más grave, que el Estado no está en capacidad de prestar esos servicios por sí solo. Ese era el escenario pre 1991 y eso fue un desastre, solo pensemos en energía eléctrica cuando llegó el racionamiento”.
¿Cómo queda la agenda del Congreso para la próxima legislatura?
Para Fernando Posada, analista político y columnista, el Gobierno va a tener un futuro difícil para los nuevos proyectos, así como para las reformas que vienen en curso y que “muy probablemente no van a sobrevivir a esta primera legislatura, por lo que tendrán que ser presentadas nuevamente”.
Lo anterior porque tanto la reforma a la salud como la laboral, explicó, tienen dos serios desafíos: el primero, que por su tono radical muchos sectores fueron dejados por fuera de la negociación, y el segundo, que el Gobierno ha tenido difícil relación con los partidos que conforman la coalición.
“Entonces, la coalición de Gobierno, que tenía una mayoría amplia, terminó siendo incapaz de pasar las reformas más importantes. Y aquí hay un punto muy importante: en Colombia cualquier agenda reformista de un Gobierno depende casi que en su totalidad de cómo le va a una coalición en el primer y segundo año. Ese tiempo es fundamental para ver si un gobierno va a tener capacidad de gobernar o si se va a quedar en trámite legislativo”, argumentó Posada.
A todo lo anterior, sostuvo el analista, se suma que el siguiente año el Ejecutivo tiene otro reto: la conformación de las mesas directivas del Congreso. “Este año la presidencia del Senado y la Cámara, como es parte del acuerdo con los partidos, le correspondía al Pacto Histórico, y el segundo año legislativo ya no será de esta forma. Viene otro reto: empujar una agenda legislativa cuando su partido ya no tiene la presidencia ni de Senado ni de Cámara, eso hace todo más difícil”.
Petro y su relación con el sistema de servicios públicos
Desde que llegó al cargo, Petro ha mostrado inconformidad frente al manejo de los servicios públicos.
Recordemos que en febrero pasado el Ejecutivo expidió el Decreto 0227, mediante el cual el Presidente reasumió por 3 meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Según la normativa, esas funciones tenían que ver con la fijación de las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados; la determinación de las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia; la definición de la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.
Una medida que fue bastante criticada en su momento por, entre otros, un grupo de 15 exministros, 2 exviceministors y 8 excomisionados de la CREG, quienes advirtieron mediante una carta al mandatario los riesgos que trae para el país asumir estas funciones:
“La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.
