Bogotá — Este miércoles se le dio en la Comisión Séptima del Senado de la República la estocada final a la reforma a la salud del Gobierno Petro.
Fueron nueve votos a favor del archivo del proyecto contra cinco que estuvieron en contra de hundir esta iniciativa, que estaba en trámite en el Congreso de la República desde el año pasado.
Durante el debate, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, manifestó que la cartera que dirige defiende fundamentalmente a la gran mayoría de colombianos, “al 40% de los pobres de este país, a los obreros, a los trabajadores, a la gente más necesitada”.
Dijo además que “ha sido orden del señor Presidente salvaguardar las EPS para que puedan llegar a ser gestoras y que ningún hospital ni clínica de este país se vaya a cerrar, ese es el mandato que tenemos nosotros”.
El funcionario añadió: “yo sigo insistiendo en resistir, persistir y nunca desistir, en que este Senado tiene que sacar hoy, mañana o pasado mañana, un proyecto de ley que le solucione la salud a toda Colombia”.
Una de las razones de este hundimiento, expresada por los congresistas y por actores del sector salud, fue la falta de financiamiento del proyecto.
Según una perspectiva de ingresos y gastos hecho por ANIF, en el horizonte de nueve años (2025–2033), el mayor impacto de costos de esta reforma hubiera sido en los primeros tres años de implementación: con un monto de COP$338 billones y con ingresos por debajo de COP$332 billones, lo que sugería de entrada un déficit de COP$6,3 billones solo entre 2025 y 2027.
“Aún sin contemplar los costos asociados a la gobernanza establecida por la reforma, la implementación de la misma abriría un hueco fiscal que ronda los COP$15,6 billones en valores de 2024″, destacó el Centro de Estudios Económicos.
Por lo que de haber aprobado ese proyecto se estaría al frente de crisis financiera en el sector salud, y con el agravante de que el déficit que dejaría la reforma debería ser financiado con recursos que hoy son destinados a sectores clave como educación, defensa o trabajo.
ANIF sostuvo que la única forma de solventar ese incremento en los gastos del sistema, a la larga, sería imponer restricciones a los usuarios y que ello implicaría un aumento en los tiempo de espera, una menor calidad en la prestación y un menor acceso a los servicios de salud.
Las reacciones
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, expresó que “el pueblo se ha pronunciado y lo hace a través del rol independiente del Congreso de la República. El proyecto de reforma a la salud, con serias dificultades constitucionales, fiscales y de ordenamiento operativo y financiero, no va y no va porque ya era un “Frankenstein” de reforma sin pies ni cabeza”.
El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, manifestó que “los congresistas financiados por empresas y personas con negocios en salud, acaban de hundir la reforma a la salud. Permiten así a sus financiadores seguirse enriqueciendo con COP$80 billones que paga el Estado en salud, mientras el pueblo sufre. No me rindo, apelé el hundimiento”.
El exministro de Salud, Fernando Ruiz, comentó que “Colombia en su historia no había tenido un proceso con mayor destrucción de capital social e institucional que durante estos 14 meses de trámite de reforma a la salud y las intervenciones que se han hecho”.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. señaló que “el gobierno de Gustavo Petro tiene que aceptar los resultados de haber presentado una mala reforma a la salud. Una reforma inconveniente que significaba un retroceso no un avance. Ahora que no trate de imponer sus ideas por la puerta de atrás”.
El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, sostuvo que es evidente que el sistema necesita cambios, “pero debe ser un esfuerzo conjunto y transparente. El Presidente, sus ministros y los congresistas del Pacto deben entender que las soluciones surgen del diálogo abierto con la ciudadanía, no a puertas cerradas y repartiendo favores”.
A lo que agregó que la transformación de la salud requiere compromiso y transparencia para beneficiar a todos. “Además, la intervención del gobierno ayer en Sanitas y hoy en Nueva EPS, las dos más grandes del país, no ayuda en nada y mina la confianza en el proceso”.
