Bogotá — Aunque las reformas pensional, laboral y la de salud están cojeando en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro apostará por más de estos proyectos en la segunda legislatura del año.
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Uno de ellos es la anunciada reforma a la Ley 30 de 1992, mediante la cual se organiza el servicio público de educación superior. Lo que se pretende, según ha manifestado el Gobierno, es resolver el desfinanciamiento estructural de la Educación Superior pública que asciende a $18 billones, según el Sistema Universitario Estatal (SUE).
Por lo que se busca modificar el esquema de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior públicas, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a territorios más alejados.
Para ello, el Ejecutivo ha avanzado en varios frentes con el objetivo de redactar el articulado del proyecto de ley que llegará al legislativo:
Cuando Alejandro Gaviria estaba al frente del Ministerio de Educación, en noviembre del año pasado, se instaló la Comisión Técnica para la Reforma de la Ley 30, cuyo punto de partida es la discusión del Proyecto de Ley 84 de 2022 de la Cámara de Representantes, que reúne diferentes posiciones de actores del sector educativo, incluyendo planteamientos de docentes y estudiantes.
Asimismo, este jueves 15 de junio se llevó a cabo el quinto encuentro de los ‘Diálogos por la Educación Superior’ en la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en el departamento de Arauca.
“Este ejercicio de diálogos regionales se ampliará a través de asambleas estudiantiles que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional durante los meses de junio y julio con el propósito contar con la mayor participación de la comunidad educativa, deliberar y generar consensos en torno a lo que debe incluirse en la Reforma integral a la Ley 30 de 1992 que se presentará al Congreso de la República en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio”, señaló la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Durante esos encuentros se tratan asuntos como gobierno universitario, bienestar, permanencia, enfoques diferenciales, inclusión, interculturalidad, regionalización, cobertura, calidad, pertinencia, dignificación docente, investigación y financiamiento del Sistema de Educación Superior pública.
“Esta Reforma a la Ley 30 de 1992 permitirá responder a las solicitudes del movimiento estudiantil en las últimas décadas para que se garantice la educación como un derecho para todos los colombianos. Hacemos un llamado a construir consensos en torno a este proyecto de nación que ofrecerá a los jóvenes y a las futuras generaciones la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Es a través de la educación como vamos a lograr cerrar las brechas sociales y a superar las desigualdades”, enfatizó la Ministra.
Además de la cartera de Educación, también hay otras entidades y áreas encargadas de esta tarea: el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, el Sistema Universitario Estatal - SUE, la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas - REDTTU, la Consejería Presidencial para la Juventud, los movimientos estudiantiles, profesores, directivos y servidores del sector educativo. Estos últimos fundamentales si se pretende hacer una construcción colectiva en el articulado del proyecto.
Sin embargo, el camino de esta nueva reforma por el Congreso de la República no será fácil.
Primero, porque hay una fila de proyectos del Ejecutivo que están cursando su trámite y que, probablemente, tendrán discusiones en la próxima leguslatura; y la segunda, porque la coalición del Gobierno en el legislativo está cada vez más fragmentada y ya no se cuenta con el apoyo ni con las mayorías que tenía el presidente Gustavo Petro una vez se posesionó.
Lo anterior se ha visto reflejado, por ejemplo, en la cantidad de inconvenientes que han tenido las reformas laboral y la de salud en su paso por el Congreso.
