Bogotá — A pesar de no tener las listas de elegibles para el aumento de su nómina, la DIAN tomó la decisión de arrendar el Edificio San Martín y generar así el pago de doble arriendo durante meses. ¿Quién responde por esos recursos del Estado, que ascienden a cerca de COP$30.000 millones?
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Luego de publicada la primera entrega de esta investigación de Bloomberg Línea, la DIAN emitió un comunicado en el que confirma lo dicho anteriormente: “dicho cronograma ha sufrido modificaciones y demoras teniendo en cuenta los tiempos de entrega de las listas de elegibles definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como el alto grado de litigiosidad y los consecuentes reprocesos que ello genera (más de 1100 acciones de tutela presentadas), sumado a demoras en la provisión de vacantes convocadas a concursos”.
Con lo que “se ajustó la programación de incorporación de nuevos funcionarios dando como resultado un estimativo de planta de funcionarios cercano a las 1.500 personas para la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá; este ajuste conllevó, de igual manera, a acotar la necesidad de espacios para dicha seccional”.
Por lo que, dice la misma entidad de impuestos y aduanas, después de arrendar el Edificio San Martín (por un contrato que en su totalidad suma COP$19.996 millones), “consideró procedente regresar su operación al Edificio BCH Parque Santander, inmueble que será adecuado por el arrendador para dotar 200 puestos de trabajo adicionales”.
Frente al contrato en mención, la DIAN refiere que dicho contrato tiene previsto que el 15 de diciembre de 2024 finalice su ejecución, conforme a lo previsto por las partes.
Entonces, y teniendo en cuenta que la DIAN firmó una modificación al contrato mediante la cual regresa oficialmente al Edificio antiguo BCH, deberá cumplir con lo acordado en el contrato del Edificio San Martín, que vence el próximo 15 de diciembre, teniendo que pagar el canon de arrendamiento correspondiente, que tal y como se reveló en la primera entrega de esta investigación, asciende a COP$3.420 millones según los documentos firmados.
Con lo que también debe terminar de trasladar a todos sus empleados al Edificio antiguo BCH (donde paga COP$1.499 millones mensuales y cuyo monto no se modificó durante todo este 2024), inmueble que permaneció desocupado durante el mes de octubre y no ocupado en su totalidad entre marzo y noviembre de 2024.
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En dicha modificación se establece que el contrato sigue hasta el 31 de julio de 2026 (como estaba pactado desde el inicio). Además, que Promotora Parque Santander va a agregar 220 puestos de trabajo y 10 mesas de comedor.
Pero más allá de eso, hay un aspecto clave: Promotora Parque Santander exigió que en la causales de terminación del contrato, la DIAN no va a poder terminarlo de forma anticipada sino hasta que efectivamente se acabe el 31 de julio de 2026. Lo que quiere decir que ese contrato no puede terminarse, solo y únicamente mediante una orden judicial.
Entonces, ¿quién responde por todo el dinero que se pagó de arriendo desde marzo de 2024, que son recursos del Estado? Más en un momento de crisis de caja del Gobierno Nacional, en donde se ha tenido que recortar el presupuesto de este año, y en que el recaudo tributario de la DIAN ha brillado por su ausencia, al mantenerse en caída libre.
Asimismo, en este caso hay un perdedor claro: Bancolombia (dueño del Edificio San Martín), que invirtió en logística y demás para adecuar un inmueble en términos de cableado, alquiler de puestos de trabajo, estructuras de seguridad y demás, para poder arrendar esta edificación y para que, tiempo después, se las entregaran.
Vale recordar que este contrato del BCH cuenta con vigencias futuras comprometidas.
