Bloomberg Línea — El escándalo de corrupción en torno a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), que salpica a algunos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cobró su primer cabeza: el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, que renunció a su cargo.
Cuando se desempeñó como director del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González habría ordenado el direccionamiento de COP$4.000 millones para sobornar a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de representantes en la legislatura pasada, según la fiscal delegada en este caso, Andrea Muñoz, en la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 25 de julio.
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Durante la audiencia, la fiscal afirmó que Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y exdirector de la UNGRD, coordinaron “la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República”.
Presidente Petro acepta renuncia de González
El presidente Gustavo Petro fue quien dio a conocer la renuncia de Carlos Ramón González como director nacional de Inteligencia, a través de una publicación en X.
“Acepto la renuncia de Carlos Ramón director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”, afirmó el mandatario.
Ya antes, Carlos Ramón González había dicho que demostraría su inocencia en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro, dado que Olmedo López y Sneyder Pinilla, los primeros procesados en el escándalo, lo señalaron de colaborar con ello.
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“Me pondré en contacto con la Fiscalía General de la Nación; y con mi equipo de abogados estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre”, afirmó Carlos Ramón González previo a su renuncia.
Los otros funcionarios del Gobierno salpicados
Olmedo López y Sneyder Pinilla —a quienes la Fiscalía les imputó delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos— también vincularon en los hechos de corrupción al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Acerca de Bonilla, que asegura estar trabajando con su equipo jurídico para demostrar que no participó en la entrega de dádivas a congresistas para que apoyaran las reformas del Gobierno Petro, sobresale el siguiente apartado de la audiencia, en el que habló la fiscal Andrea Muñoz:
“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”.
