Decisión de la Corte sobre MinIgualdad prende alarmas por claridad fiscal de reformas

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, dijo que la cartera que lidera va a seguir trabajando durante la administración del presidente Gustavo Petro para resolver las inequidades y desigualdades de los colombianos

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Bogotá — La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad por no revelar durante su paso por el Congreso de la República cuál sería su impacto fiscal, se convierte en un precedente para otros proyectos de ley que están en trámite. Por ejemplo, para las reformas del Ejecutivo que son promesa de campaña, como la laboral y la pensional, y la nueva reforma a la salud que radicará el Gobierno.

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Y es que el alto tribunal indicó que la Ley 2281 de 2024, mediante la cual se creó este Ministerio, tuvo vicios en su trámite en el Congreso de la República al no mostrar el impacto fiscal que representaba y, que además, no eran precisas las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro para esta nueva cartera.

Al respecto, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, señaló que “sin aval fiscal tramitaron el Ministerio de la igualdad y también la reforma a la salud, la pensional, la estatutaria de educación, la reglamentación de la jurisdicción agraria, entre muchas otras”.

Por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo destacó que una de las razones por la cual la Corte Constitucional decretó la inexequibilidad (diferida en el tiempo) del Ministerio de la Igualdad, fue la de que en su trámite se pretermitió la obligación legal de revelar los costos fiscales que tendría su creación, como lo establece la Ley 819 de 2003.

“Buen campanazo para otras leyes que se están tramitando en este momento en las que no se ha hecho explícito en su trámite el impacto fiscal que tendrán”, dijo.

Luego de la decisión de la Corte Constitucional, Francia Márquez, jefe de esta cartera y vicepresidenta de la República, expresó que esta entidad va a seguir trabajando durante la administración del presidente Gustavo Petro para resolver las inequidades y desigualdades de los colombianos.

A lo que agregó que no va a discutir del fondo del asunto “porque todavía no hay una sentencia que nos permita revisar el fallo”.

Esta es una decisión que responde a una demanda de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien manifestó que “el Ministerio de la Igualdad era pura burocracia: con un presupuesto de COP$1,4 billones, COP$900 mil millones se destinaban a cargos. La ejecución de esta cartera es la más baja del Gobierno por debajo del 2%”.

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Y es que una de las críticas más sonadas de la creación de esta entidad es su nula ejecución a la fecha. Al 17 de abril de 2024, de acuerdo con un informe de la Contraloría General, este Ministerio, cuya apropiación es de COP$400.000 millones para gastos de inversión, no había ejecutado nada a nivel de obligaciones.

Además, mediante el Decreto 1220 de 2023 se crearon para esta cartera: cinco Viceministerios, 20 direcciones técnicas, 32 direcciones regionales, 21 asesores y 744 cargos de diferentes niveles. Al 31 de marzo de este año, esta cartera solo había nombrado 129 posiciones de esas más de 740.

“A estas alturas cada peso que no se ejecute en el Ministerio de la Igualdad es una ganancia para el país. Una estructura burocrática inútil, con dirigentes sin experiencia, sin rumbo, con poca visión y un gasto burocrático doloroso. En el 2026 debe eliminarse por completo” manifestó Daniel Briceño, Concejal de Bogotá.

No obstante, son también muchas las críticas que recaen sobre el alto tribunal. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, señaló que en uno de los países más desiguales del mundo, la Corte Constitucional decide tumbar el Ministerio de la Igualdad por un vicio de trámite “y a pesar de haber sido parte del programa de Gobierno que fue elegido democráticamente por los colombianos. Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”.

Con lo que coincidió el senador Iván Cepeda, quien expresó que por todas las vías se ha intentado acabar o debilitar al máximo las reformas sociales de este Gobierno: “poner en interinidad el Plan Nacional de Desarrollo, anular artículos de la reforma tributaria, minar el presupuesto para el gasto social, falsear el contenido de la política social. No obstante, ahí vamos avanzando. Felicito a la vicepresidenta Francia Márquez por su decisión de continuar desarrollando el Ministerio de Igualdad”.