Bogotá — La reforma pensional, que sigue su trámite en el Congreso de la República, ha generado diferentes dudas frente a cómo sería su aplicación.
Lo anterior, teniendo en cuenta, la edad de pensión en Colombia: 57 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres, y también el número de semanas de cotización: 1.300 actualmente.
Pues bien, lo que ha establecido la reforma es que, como no todos alcanzan a obtener el número de semanas necesarias para la pensión, deben estar en alguno de los tres pilares que crea el proyecto.
Para el caso puntual de quienes tiene más de 300 semanas cotizadas pero menos de 1.000, la reforma plantea que exista una pensión proporcional y acorde con las semanas cotizadas, así no alcancen a recibir un salario mínimo.
Sistema solidario: sistema de apoyo para los más necesitados, se incluyen 2′500.000 colombianos en condición de pobreza extrema, comunidades indígenas y afrodescendientes. Los anteriores grupos recibirían un subsidio mensual de COP$223.800 pesos.
Por lo que no tendrían que depender de las ayudas monetarias del Gobierno ni de programas como Renta Ciudadana o devolución del IVA.
Sistema semicontributivo: para quienes hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, la reforma pensional plantea la posibilidad de recibir una pensión proporcional a su historial de cotizaciones. Este monto no sería equivalente al mínimo, pero lo que se busca es entregar un sustento a los colombianos que cumplan con esta condición.
Sistema contributivo: en este pilar la reforma propone que, para todos los ciudadanos que reciban hasta tres salarios mínimos, sea obligatorio estar en el sistema de pensiones. Quienes reciban más de tres salarioS mínimos estarían obligados a participar en Colpensiones o en el sistema privado de ahorro individual, administrado por los fondos privados de pensiones.
¿Es viable financieramente?
El Ministerio de Hacienda entregó un documento de 12 páginas en el que expone por qué es viable financieramente el modelo planteado en la reforma pensional y por qué cumpliría con la regla fiscal.
La reforma propuesta tendría un costo fiscal neto de 9,5% del PIB para 2069 en valor presente neto utilizando una tasa de descuento de 4%.
De acuerdo con el documento de favorabilidad técnica, el coste fiscal del llamado pilar solidario, cuyo objetivo es ayudar a los ancianos pobres, aumentaría 15 puntos porcentuales, hasta el 19% del PIB en 2069, en comparación con los actuales programas de transferencias para la misma población.
Asegura dicho análisis que eso se compensaría parcialmente con el fondo de ahorro propuesto, que se espera que aumente los ingresos fiscales en un 5% del PIB.
Así mismo, precisa el documento que después de 2070, el Gobierno calcula que el fondo de ahorro se agotará si no se introducen cambios en el sistema de pensiones, lo que aumentará su coste, ya que el Gobierno tendría que pagar esos compromisos de jubilación
El Ejecutivo calcula también que un aumento del coste fiscal total de unos 42 puntos porcentuales, hasta el 126% del PIB en 2100, en comparación con un escenario sin reforma de las pensiones.
“Consideramos que la reforma pensional es una propuesta cortoplacista, que no corrige los problemas de cobertura, informalidad, acceso y déficit”, expresó el senador Carlos Fernando Motoa.
Posición a la que se sumó el analista económica Martín Jaramillo, quien señaló que “la siguiente reforma a hundir es la reforma pensional. Un descalabro financiero intergeneracional. Los jóvenes pensionamos a los mayores y se queda el país sin plata para pensiones en 2070. No hay forma de corregir una reforma cuyos principio es reducir el ahorro del país”.
