Bogotá — Desde el próximo 31 de julio de 2023, las empresas en Colombia deberán cumplir con una nueva exigencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB). Hasta el momento venía siendo un documento voluntario.
DIAN: ¿Cuándo se creó el RUB?
La implementación de este documento se aprobó en 2021 y comenzó a aplicarse de manera gradual desde enero del año pasado. En los próximos meses comenzará su obligatoriedad para las empresas del país.
El RUB es un mecanismo dirigido a las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similar, a través del cual deben suministrar información sobre sus beneficiarios finales.
Según lo establecido en la Ley 2155 de 2021, que fue la última reforma tributaria que tramitó el Gobierno de Iván Duque, “los beneficiarios finales de personerías jurídicas son las personas naturales que individual o conjuntamente sean titulares o beneficiarios del 5 por ciento o más”.
¿Para qué es el RUB en DIAN?
Hay que precisar que en la Ley quedó establecido que “los beneficiarios de las estructuras sin personería jurídica son las personas naturales que cuenten con cualidades como: fiduciante, fiduciario, comité fiduciario, fideicomisario y cualquiera que ejerza control final de activos y beneficios”.
En el trámite de la ley se aseguró que con la nueva exigencia se estaba haciendo un intento de contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.
¿Cómo tramitar en la DIAN el RUB?
La Dian ha señalado que las empresas que hayan concluido su actividad comercial después del 15 de enero de 2022 también están obligadas a realizar el registro.
Para cumplir con esta obligación, las compañías deberán acceder al portal de la Dian de manera electrónica, dirigirse a la sección de impuestos y buscar la opción “registro RUB”. A partir de allí, solo deberán seguir los pasos indicados para completar el formulario correspondiente.
En la tributaria de 2021 quedó especificado que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones que van desde multas, las cuales aumentarán por cada día de demora en el registro, hasta penalidades por brindar información falsa o incompleta.