Bogotá — El hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República desencadenó un nuevo tire y afloje entre el presidente Gustavo Petro y el sector privado. La razón: el jefe de Estado lanzó una dura acusación: “en la Comisión Séptima de Senado nos derrotó Keralty por ahora”.
El mandatario señaló que fueron derrotados por “unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la Ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.
Keralty, recordemos, es un grupo empresarial del sector salud dueño de la EPS Sanitas, recientemente intervenida por el Gobierno Petro. Una actuación que ocurrió un día antes de que se llevará a cabo la votación definitiva que acabó con las posibilidades de la reforma la salud.
Pues bien, para el consultor político y gerente de la firma Estrategia & Poder, Carlos Arias, estas declaraciones de Petro “son falsas y caen en el mismo ejercicio de narrativa y discurso retórico del presidente con el que engaña a la opinión pública que está desinformada y que no tiene la posibilidad de acceder a información confirmada”.
Además, refirió que los pronunciamientos son falsos porque “si bien Keralty es una empresa internacional, fue configurada en Colombia en 1991 y tiene sede acá, a pesar de que parte de sus socios y de su Junta sean extranjeros. Lo que permite no solamente que aporte recursos a las campañas, además vale decir que esos recursos no fueron a un candidato específico sino a partidos políticos y esa inversión fue del 0,1%”.
Entonces, Arias concluyó que esa “privatización de la política” no es cierta y que la intervención de las EPS “se salta los protocolos regulares que históricamente ha seguido la Superintendencia de Salud”.
Con esta posición coincidió Mario Carvajal, analista políticos y consultor senior de asuntos públicos para IDDEA Comunicaciones, quien le dijo a Bloomberg Línea que el argumento de que la reforma fue derrotada por congresistas financiados por Keralty es falaz. En primer lugar, porque esto desconoce las fallas estructurales que tiene la reforma en su diseño, en la forma que fue presentada y en su trámite.
Y en segundo lugar, aseguró, el presidente afirma que la reforma fue derrotada por una financiación ilegal, “lo cual es falso. Keralty es una empresa legalmente constituida en Colombia, que tiene capital extranjero pero, para la ley del país es una empresa nacional. Además, los partidos que hoy en día acusa de ser financiados ilegalmente fueron los mismos que le permitieron a la reforma su avance en la Cámara. Este argumento se cae sobre su propio peso”.
Sobre la privatización de la política, Carvajal mencionó que el presidente olvida que la democracia está compuesta de unas ramas de poder que hacen contrapeso y que al mandatario le gusta la división de poderes cuando actúan de acuerdo a sus intereses. “De lo contrario, el legislativo o judicial tienen intenciones nefarias y buscan impedir el cambio”.
Keralty se defiende
Keralty rechazó la intervención del Ejecutivo y al calificó de “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Lo anterior, debido a que, argumentan, la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo Gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada.
Asimismo, que dichas problemáticas fueron alertadas en múltiples escenarios al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, y que tampoco se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.
Por otro lado, Keraly desmiente lo dicho por el Ejecutivo: “Los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 supera significativamente el promedio nacional, cuando el indicador es similar a la media del sector”
Frente al tema de reservas técnicas, la organización sostiene que EPS Sanitas cuenta con inversiones que la respaldan por un valor superior a los COP$800.000 millones. Y que la medida del Gobierno puede comprometer la prestación del servicio a los 5,8 millones de afiliados.
Por lo que el grupo empresarial se encuentra analizando las acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas”.
