Bogotá — Se aproxima una nueva sanción al sector empresarial en Colombia: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, impondrá diferentes multas a empresas de transporte especial.
En entrevista con Bloomberg Línea, la superintendente Rusinque indicó que “está en curso de notificación una sanción que será impuesta a un sector particular que concierne al transporte especial. Es un caso muy complejo y ello se debe a que hay una multiplicidad de actores y, ante ese escenario, la dosimetría de las sanciones es muy variada y se aplica de acuerdo al margen de participación”.
En Colombia el servicio de transporte especial está definido, según el Ministerio de Transporte, como aquel que se presta bajo la responsabilidad de una compañía legalmente constituida a un grupo específico de personas, que pueden ser estudiantes, turistas, trabajadores de diferentes sectores, entre otros, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre ambas partes.
Frente a ese caso y a aquellos en los que se determina una sanción, explicó que hay una primera postura de parte de la Delegatura a cargo, luego una segunda etapa donde los asesores del Despacho emiten una posición y, al final, un comité de expertos, competentes en distintas áreas, emiten también sus recomendaciones.
La Superintendencia también adelanta en este momento, de acuerdo con la funcionaria, indagaciones en los sectores de alimentos, telecomunicaciones y turismo desde las diferentes Delegaturas. Lo que no quiere decir, enfatizó, que se llegue a multas en todos los casos. “Los colombianos pueden estar seguros de que en el curso de las investigaciones somos absolutamente imparciales, transparentes y que atendemos a criterios de necesidad, proporcionalidad y con el estricto respeto del marco constitucional y legal”.
Asimismo manifestó que “no hay intocables” y que su objetivo es que, mediante investigaciones, indagaciones y recaudación de material probatorio suficiente, determinar eventuales responsabilidades. Lo que se hace a partir de las denuncias que llegan a la SIC o de investigaciones de oficio.
Investigación de la Procuraduría a la SIC
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la SIC por presuntas irregularidades presentadas en la visita administrativa realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los involucrados son el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo, y otros ocho funcionarios y contratistas de la Superintendencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Superindustria solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal.
Al respecto, Rusinque le dijo a Bloomberg Línea que esta actuación no fue una decisión discrecional sino que se hizo con el objetivo de revisar quiénes son los agentes que han participado en una contratación estatal que se investiga y que ese tipo de visitas “tienen sustento legal y constitucional”.
A su vez, explicó que si los limitan o si dejan limitada la capacidad de análisis probatorio de la Superintendencia, no tendrían cómo tener elementos de juicio suficientes para saber si existió o no práctica violatoria del régimen de competencia.
“Aquí no necesitamos una orden judicial para solicitar ese tipo de indagaciones. Ratificamos que para este tipo de visitas sí hay competencia y que no se hace a capricho”, destacó.
Foco en las regiones
Cielo Rusinque se posesionó el pasado dos de febrero y desde entonces ha encontrado una sobrecarga laboral en la Superindustria, explicada en el recorte presupuestal general para las entidades estatales “por una deuda adquirida por el gobierno anterior”, señala, lo que ha tenido un impacto principalmente en las Delegaturas de Protección al Consumidor y de Asuntos Jurisdiccionales. Por lo que adelantan un plan de choque para evitar haya impunidad o falta de reconocimiento de derechos de quienes acuden a la entidad.
La funcionaria habló del objetivo de dar una respuesta rápida y oportuna a los consumidores y explicó que de más de 30.000 denuncias que se venían adelantando en el último año, se ha resuelto más del 60% a favor de los consumidores.
Mencionó además el enfoque preventivo que quiere priorizar en la Superintendencia y la reducción del margen de impunidad, explicando que la idea no es perseguir a las organizaciones sino fomentar la libre empresa bien entendida en el marco de un Estado social de derecho e impulsando a la pequeña empresa para que pueda acceder al mercado en condiciones de equidad.
Adicional a eso, la Superintendente contó que están tomando medidas para que la SIC tenga más presencia regional, por lo que retomaron el contacto con la Confederación Colombiana de Consumidores y celebraron un convenio interadministrativo para maximizar los recursos que tiene la entidad y poder llegar al consumidor a través de una mayor cobertura y fortalecer así las campañas de prevención y sensibilización para que haya un mejor conocimiento de los recursos y herramientas para que los colombianos puedan hacer valer sus derechos.
Sanción a fintech
La SIC sancionó a la sociedad Nanocred Colombia S.A.S con una multa de COP$1.326.000.000 por usura, infracciones al deber de informar y publicidad engañosa.
Se pudo establecer que la plataforma para préstamos en línea, denominada Profin App, afectó los derechos de los consumidores en varios aspectos: al no suministrar información mínima y veraz respecto del cargo por el uso de la plataforma, por incurrir en publicidad engañosa y al no suministrar información en los términos dispuestos en la Ley.
Además, por realizar cobros de intereses que desbordaron las tasas máximas legales, por no cumplir con las obligaciones exigidas frente al comercio electrónico y por no cumplir con las órdenes dispuestas por la esta autoridad.
