Bogotá — El Gobierno Petro acaba de cambiar las reglas de juego para el sector cannabis. Bloomberg Línea conoció en primicia la Resolución mediante la cual los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura amplían a 48 meses (cuatro años), contados a partir de la obtención de la cosecha, el plazo máximo que tienen los licenciatarios de cultivos de cannabis psicoactivo para llevarlo a su destino final.
Ese destino final hace referencia al uso del cannabis psicoactivo para investigación, exportación, entrega a un tercero ajeno a sus operaciones o ingreso al área de fabricación de derivados.
Con esta nueva Resolución, la 224 del 16 de febrero de 2024, se modifica el plazo anterior de dos años (24 meses) del que hablaba la Resolución 227 de 2022, y se establece que una vez vencido este tiempo, el material deberá ser llevado a disposición final (destrucción del inventario).
La normativa también especifica que en ningún caso, el licenciatario de fabricación de derivados podrá llevar a destino final un derivado psicoactivo de cannabis que no provenga de un cupo de fabricación de derivados, cupo excepcional de uso de excedentes o de uso de derivados psicoactivos o adquirido mediante importación o ingreso a zona franca desde el resto del mundo.
“Desde la industria del cannabis le veníamos solicitando al Gobierno eliminar ese artículo que obligaba a los licenciatarios a destruir su inventario después de 24 meses de haber sido aprovechado el cupo. Ese plazo empezaba a regir el 18 de febrero de 2024 y conocimos esta Resolución del 16 de febrero ampliando ese plazo a 48 meses, tanto para cultivo como para extracción. Esto en la práctica le soluciona el problema a los licenciatarios, es un mensaje de buena voluntad del Gobierno. Hubiéramos querido que se hiciera con mayor agilidad pero entendemos que es una medida favorable para la industria”, le dijo a Bloomberg Línea Julián Wilches, director de asuntos regulatorios de Clever Leaves.
Y es que recordemos que en octubre del año pasado Asocolcanna, Asocáñamo, la Federación Colombiana de Cannabis y más empresarios del sector pidieron al Gobierno derogar esa normativa argumentando que imponía un trato discriminatorio a la industria del cannabis frente a las demás industrias productivas nacionales.
También porque Colombia es importador y usuario de muchos otros estupefacientes y no existía norma similar u homóloga que obligara a otras industrias a la destrucción de su inventario.
Los gremios señalaron en ese entonces que el sector cannabis es altamente vigilado, por lo que el número de entidades de control que lo vigila es mayor al de otras industrias, lo que hace más difícil comprender la motivación para imponer la obligación de destruir producto técnica y comercialmente apto para su disposición y consumo.
Otra solicitud urgente
A pesar de la expedición de la Resolución en mención, todavía queda mucho trabajo por hacer en el sector cannabis. Así lo manifestó Wilches, quien señaló que “hay que prescribir la flor seca para pacientes en Colombia, no tiene sentido que los pacientes en Australia, Alemania, Reino Unido, Israel tengan acceso a la flor colombiana mientras que los pacientes acá no. Acá difícilmente tienen acceso a una fórmula magistral”.
Al respecto, fuentes cercanas al proceso le indicaron a este medio que lo que se debe hacer para lograr esa prescripción es modificar el Decreto 811 de 2021 y que, a pesar de que en el Ministerio de Justicia quieren avanzar en ese propósito, hay mucha resistencia entre los técnicos del Ministerio de Salud para lograr ese objetivo.
Esta es la nueva Resolución:
