Bogotá — Colombia quiere combatir la pobreza en el campo a través de una serie de políticas que buscar mejorar las capacidades productivas de los habitantes de zonas rurales por lo cual saldrá a buscar US$85 millones de la banca multilateral.
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Bloomberg Línea conoció un documento oficial que ya recibió concepto favorable por parte del Comité Nacional de Política Económica y Social que recomendó priorizar la iniciativa.
El sector agropecuario en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es crucial para la economía y la seguridad alimentaria ya que genera más de cuatro millones de empleos y el 70% de la producción alimentaria nacional proviene de pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Pese a ello, la incidencia de la pobreza monetaria, que es del 41,2 % en los centros poblados y áreas rurales dispersas, frente al 30,6 % en las cabeceras municipales (DANE, 2023).
Los recursos que buscará el país en las multilaterales pretenden ejecutar políticas públicas que permitan fortalecer de manera sostenible y resiliente la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población rural en condición de pobreza y pobreza extrema.
Lo anterior, a través de la implementación de tres componentes: (i) desarrollo de capacidades e inversiones para iniciativas rurales agropecuarias y no agropecuarias; (ii) transición a servicios financieros y no financieros sostenibles e innovadores; y (iii) gestión del proyecto, seguimiento y evaluación, y gestión del conocimiento.
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La iniciativa plantea fortalecer la asociatividad de los productores agropecuarios en condición de pobreza y pobreza extrema, así como las capacidades de gestión de sus organizaciones, sus competencias socio emocionales y las capacidades técnicas y comerciales, a través del desarrollo de sus iniciativas productivas económicas rurales, inclusivas y resilientes al cambio climático con un enfoque agroecológico que promueva las soluciones basadas en la naturaleza y hacia la demanda de los mercados.
Así mismo, el objetivo es ampliar la oferta local y regional de servicios financieros y no financieros sostenibles, diferenciados, innovadores y digitales para apoyar la transformación productiva, financiera y comercial y la empleabilidad/trabajo decente de la población rural en condición de pobreza y pobreza extrema con potencial productivo.
Se quiere gestionar de forma eficiente la ejecución del proyecto para asegurar el logro de sus metas y objetivos, bajo un enfoque basado en resultados, a través de la gestión de las herramientas de administración del proyecto y la gestión del conocimiento, con el fin de generar evidencias y difundir sus resultados.
Si bien el Gobierno buscará deuda por US$85 millones, el proyecto contará con recursos adicionales provenientes de otras fuentes de financiamiento (presupuesto ordinario de la Nación y donaciones de cooperación internacional, entre otros).
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En cuanto al período de ejecución, estas operaciones de crédito público externo tendrán una duración de seis años, iniciando en 2025 y culminando en 2030, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (i) tiempo promedio necesario para el diseño e implementación de las actividades que se proponen en el proyecto; (ii) alineación con el PND 2022-2026; y (iii) aprobación del horizonte de inversión por parte del DNP por el tiempo que duren los créditos.
