Bogotá — Desde octubre del año pasado el Gobierno de Gustavo Petro viene incrementando los precios de la gasolina para tratar de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en medio de dichas discusiones, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que se está evaluando la posibilidad de hacer cambios a la fórmula con la que se define el precio.
“Vamos a revisar la metodología porque hay una situación y es que la forma en cómo está construida la actual hace que toda la gasolina se valore al precio internacional, pero nosotros somos productores y, más o menos, el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada”, indicó Vélez desde Portugal.
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Asimismo, la funcionaria recalcó que se revisará la focalización, pues dijo que, además de la polémica de las Toyota, a Colombia llegan buques con poder adquisitivo, que compran el combustible nacional para obtener el subsidio entregado por el gobierno.
“Lo que buscaríamos entonces son mecanismos para focalizarnos en los más pequeños, los que más necesitan. En algún momento discutimos, por ejemplo, que las motos pudieran tener un precio especial”, señaló Vélez.
Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, fijar un precio de la gasolina inferior al internacional equivale a sacrificar recaudo tributario y es “incoherente con la agenda de sostenibilidad ambiental”.
El Ministerio de Hacienda señaló a su vez que el Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual alcanzó un déficit de $37 billones de pesos en 2022.
Indicó que en general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y por tanto es inequitativo.
Señaló también que no hay duda de que la reducción del subsidio generalizado y regresivo contribuye a organizar mejor el gasto social que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026 recientemente aprobado. Adicionalmente los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía.
Ante ello, manifestó que en el marco de este proceso el Gobierno Nacional “en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ecopetrol, trabajan en mesas técnicas para revisar las variables y la formulación vigente con el objetivo de focalizar el subsidio a los combustibles”.
Con esto se busca contribuir de manera fiscalmente responsable a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional.
Adicionalmente la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalle a qué grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico.
De esta manera las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos.
Actualmente, el Gobierno Nacional analiza diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas: i) el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, ii) mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y iii) revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.
Las conclusiones de las mesas serán objeto de discusión en Consejos de Gobierno y socializadas para identificar las mejores alternativas siempre en el marco de la sostenibilidad fiscal. Cabe recordar que el principal beneficiario de las utilidades del grupo Ecopetrol es la Nación, a través de los dividendos que recibe de este grupo empresarial.
