Bogotá — El modelo de financiamiento de las universidades públicas en Colombia, sustentando en Ley 30 de 1992, no ha sido recíproco con el crecimiento de las instituciones, al punto de que se ha vuelto “precario” y por ende “hay que cambiarlo”, manifestó en entrevista con Bloomberg Línea el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Torres.
“El Estado está en deuda con la universidad pública en Colombia, la han condenado a un desfinanciamiento estructural y la han obligado a entrar en la lógica mercantil. La educación pública superior en Colombia no ha sido una prioridad del Estado”, dijo el presidente del SUE a este medio.
Para Luz Karime Abadia, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana, la reforma a la Ley 30 de 1992 “debe mantener y garantizar la autonomía universitaria, así como promover la equidad del sistema y calidad de la oferta educativa”.
“Además, debe seguir reconociendo que la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por el Estado y por privados. La ley debe modernizarse y actualizarse, pues la ley ha tenido cambios por otras reglamentaciones o por declaraciones de la Corte Constitucional”, opinó.
Torres hizo hincapié en el desequilibrio existente en las transferencias por estudiante al año desde 1993 hasta la actualidad por parte del Estado y cómo esto ha afectado el sistema educativo público.
En 1993, existían 32 universidades públicas con 159.218 estudiantes de pregrado, mientras que en la actualidad hay 34 instituciones y un total de 652.000 estudiantes matriculados.
Para el SUE este aumento de la cobertura, que se refleja en más de 500.000 cupos creados ante la demanda creciente de educación superior en el país, no estuvo acompañada de mayores transferencias por parte del Estado.
Hace 30 años, la nación destinaba en promedio anual $11.065.477 por estudiante, pero en la actualidad solo concurre con $7.211.461 por alumno al año.
Según advierte, las transferencias no han sido recíprocas al crecimiento de las universidades, generando un desfinanciamiento estructural que ha obligado a las instituciones a buscar recursos propios para su funcionamiento.
En la actualidad, la mayor parte de los recursos se concentra en las cuatro universidades estatales más grandes del país, que son la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander (UIS), lo que se sustenta en su desarrollo histórico, sus capacidades científicas, su crecimiento, entre otros.
Universidades generan recursos propios para equilibrar la balanza
En la actualidad, un 48% de los recursos con los que operan estas instituciones son generados por ellas mismas, mientras que solo el 52% proviene del Estado.
“Versus lo que se transfiere, vas a encontrar que somos eficientes. Con muy poco, hemos hecho mucho (…) le hemos dicho al Gobierno, no tenemos capacidad, lo que hoy tenemos es para sostener lo que hemos construido”, afirma Torres.
Para el presidente del SUE, la principal razón por la que las universidades públicas perdieron financiación en Colombia al cabo de 30 años es la ineficiencia del indicador de transferencias establecido en los artículos 86-87 de la Ley 30 de 1992.
En su opinión, este se ha quedado obsoleto y no ha acompañado ese desarrollo de las universidades, generando al mismo tiempo un desequilibrio en el financiamiento y con esto se limita su capacidad de crecimiento.
Precisamente, se espera que el Ministerio de Educación presente ante el Congreso colombiano el próximo 20 de julio una iniciativa que pretende modificar el mecanismo de financiamiento a la educación superior definido en la Ley 30 de 1992.
En el foro denominado Retos del modelo de financiación de la educación superior de Colombia, organizado en días pasados por la Universidad Nacional, se habló de un cambio en el modelo que consistiría en que, en lugar de vincular el crecimiento de los recursos asignados a la inflación, se ajuste al índice de costo de educación superior (ICES), junto con puntos adicionales que reflejen el incremento de la planta docente y del personal administrativo en cada institución.
Un nuevo modelo de financiación de la educación pública en Colombia
Desde el Sistema Universitario Estatal ven clave poder cerrar las brechas institucionales y territoriales en el sistema educativo.
Para lograrlo, están trabajando en la construcción de ese nuevo modelo de financiamiento en conjunto con el Ministerio de Educación.
Este modelo buscará equilibrar el desarrollo de las universidades y garantizar que el derecho a la educación superior llegue a aquellos que actualmente no tienen acceso, especialmente en las zonas rurales y las regiones del Caribe, el Pacífico y el sur del país.
“La universidad pública le ha respondido a sus territorios, hemos estado a la altura de nuestras realidades históricas, pero ha sido un Estado indiferente, que no ha sido recíproco y no ha correspondido con lo que la universidad pública ha hecho, sobre todo en los territorios, en la región”, afirmó Torres.
En ese sentido, ahondó que en los últimos 30 años se le exigió al sistema educativo dar más en términos de calidad, pero al tener menores transferencias se requirió generar recursos propios para soportar sus compromisos y ese desarrollo.
Esto se refleja, complementó, en plantas de profesores con doctorado, investigación, extensión, infraestructura, servicios públicos, funcionamiento, personal administrativo, internacionalización y acreditación de programas.
Precisamente, las universidades pasaron de 2,2 millones de metros cuadros construidos a casi 5 millones.
“El indicador se quedó pequeño frente al tamaño de crecimiento de las universidades. ¿Cómo se soporta ese crecimiento? Recursos propios. (…) Si eso continúa así, no podemos seguir creciendo. Ya llegamos a límite, ya llegamos a un techo”, agregó.
El directivo adelantó a Bloomberg Línea que en las próximas semanas ya se tendría una propuesta formal frente a ese esquema de financiación de la educación superior que se busca y que la idea es generar un trabajo complementario con el Ministerio de Educación para su presentación: “No puede seguir repitiéndose la historia, no puede seguir persistiendo un modelo centralista del desarrollo”, concluyó.
Estas son algunas propuestas para la reforma a Ley 30 de 1992 compartidas por parte del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana:
- La ley debería incorporar el Marco Nacional de Cualificaciones y promover una educación postsecundaria más allá de solo una educación superior, que tenga en cuenta diversas opciones de formación tanto formal como no formal (por ejemplo, impulsando la formación técnica y tecnológica y las certificaciones).
- Promover la educación dual (formación que se hace de manera conjunta entre una institución y una empresa)
- Crear un sistema centralizado de admisiones en las instituciones de educación superior oficiales, pues “está demostrado (hay evidencia en otros países, por ejemplo, Chile) que este modelo mejora la eficiencia en el uso y asignación de cupos, da mayor transparencia y equidad al sistema”.
- Promover e incentivar alianzas entre las instituciones oficiales y privadas
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