Bogotá — A pesar de que el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos se ha popularizado en Colombia, hoy no hay una regulación frente a la venta y el consumo de estos dispositivos. Y aunque en el Congreso de la República se han planteado diferentes proyectos de ley al respecto, no han llegado a feliz término.
El país cuenta actualmente con la Ley 1335 de 2009, mediante la cual de dictan las disposiciones para prevenir daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.
No obstante, esa Ley se queda corta frente a la realidad actual.
“Lo más importante es advertir que Colombia necesita de manera urgente una regulación. Nosotros la promovemos y la vemos con todo el sentido de urgencia. El debate sobre los productos libres de combustión – o vapeadores como se ha generalizado la discusión- suele percibirse como una disputa entre dos posturas presuntamente irreconciliables que esconde detrás un consenso sobre el que todas las partes insisten: Colombia necesita urgente una regulación diferenciada de estos productos”, le dijo a Bloomberg Línea Francisco Ordóñez, presidente de Asovape (Asociación Colombiana de Vapeadores).
A lo que agregó que el cuello de botella se logrará resolver cuando se entienda que estos nuevos productos de riesgo reducido son distintos a los productos de combustión como el cigarrillo tradicional y que deben ser regulados de manera diferenciada, “estableciendo límites claros tanto en su proceso de comercialización, control de calidad, opción de elección del consumidor dentro de las alternativas de reducción de riesgo y cesación tabáquica”.
Por su parte, Julián Quintero, sociólogo, investigador de sustancias psicoactivas, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) y del proyecto Échele Cabeza, manifestó que “en este momento lo que no ha permitido avanzar en la regulación es que hay sectores tradicionales, extremadamente salubristas, que consideran que la persona consumidora de sustancias como la nicotina no tiene voluntad y es un interdicto por el cual otros tienen que decidir. En esa medida se quiere imponer un tipo de regulación prohibicionista, que no reconoce los cambios históricos en el uso de nicotina ni la reducción de riesgos y daños en su uso, que no reconoce la diferencia entre fumar y vaporizar, entre fumar y calentar tabaco”.
Por lo que considera que debe haber concertación y diálogo entre: las personas usuarias de nicotina fumada o por vapeo, quienes promueven la reducción del riesgo y el daño y las entidades de salud que solo promueven como enfoque la abstinencia.
Los asuntos a debatir en una regulación
El director de ATS señaló que no solamente se habla de vapeo sino de administración de nicotina por vías diferentes a la combustión.
Asimismo, que se deben diferenciar las tecnologías mediante las cuales se fuma.
“Se debe reconocer que los dispositivos electrónicos para vapeo son una estrategia de reducción de riesgos y daños para las personas que usan nicotina. Según la encuesta de consumo, el promedio de edad de uso de vapeo es de 23 años y más del 50% de población consultada indicó que se pasó al vapeo como una medida para mejorar su calidad de vida frente a la dependencia de la nicotina y el daño que le hacía el cigarrillo”, enfatizó Quintero.
Adicional a eso, habló de los puntos de acuerdo que ya están sobre la mesa: restricción publicitaria, existencia de impuestos para estos dispositivos y sustancias, restricción del acceso a menores de edad, que sean aparatos controlados, con certificados y permisos.
Al respecto, el presidente de Asovape sostuvo que, por un lado, hay quienes consideran que el énfasis debe estar en el fortalecimiento único y exclusivo de las estrategias de prevención de inicio en el consumo y en la cesación – cómo hacemos para que quienes consumen, dejen de hacerlo, y que por el otro lado, “hay quienes también consideramos que esta visión debe fortalecerse y adicionalmente incluir un tercer camino: la reducción de riesgo. Es decir, cómo garantizamos el derecho fundamental de los fumadores a acceder a este tipo de alternativas, que son menos riesgosas que el cigarrillo de combustión”.
Y concluyó que un punto central es que la regulación no puede entrar en falsos debates sobre si se protegen unos derechos sobre otros. “Es simple: sin duda alguna deben protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes evitando que estos productos lleguen a manos de ellos y también a su vez se deben garantizar los derechos de los adultos fumadores para que puedan acceder de manera legal y con productos de calidad a estas alternativas que son una mejor opción que seguir con el cigarrillo”.
Las ventajas de regular
Para Ordóñez, las ventajas de una regulación diferenciada de los productos de administración de nicotina de bajo riesgo son:
• Evitar el acceso y el consumo de estos productos por parte de menores de edad
• El acceso legal y libre de estos productos a adultos fumadores que buscan reducir los riesgos y daños causados por el tabaquismo
• El respeto a los derechos de los adultos a tomar decisiones informadas sobre su salud frente a este tipo de productos, que pueden ayudar a reducir el riesgo y el daño causado por el tabaquismo
• Promover la discusión de toda la evidencia científica disponible en torno a estas nuevas alternativas que le permitan a los adultos tomar decisiones sobre su salud
Y en cuanto al tema de control de distribución y venta que se garantice:
• No venta a menores de edad
• Ingreso de estos productos al país supervisando su calidad
• Educación en torno a estas alternativas que permitan reconocer los riesgos y las oportunidades que brinda el cambio a este tipo de productos
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Para el investigador Quintero, la ventaja más importante es que “se detienen y se castigan las malas prácticas que han venido imperando a falta de una concertación y una regulación. Prácticas que están orientadas a inducir el acceso de los vapeos a los menores de edad, esa es la urgencia que tenemos en este momento”.
Además, que se envía un mensaje al mundo de innovación en cuanto al desarrollo de políticas públicas y a que el camino es la regulación y no la prohibición.
“Lo más importante es que todas las personas que necesitan los dispositivos puedan tener información confiable basada en la evidencia, puedan tener a quién reclamarle, puedan saber que los productos tienen control y estándares de calidad”, añadió.
