Bogotá — La Superintendencia de Sociedades decretó por primera vez en Colombia la apertura de una investigación administrativa y la formulación de cargos en contra de Conalvías Construcciones SAS, en liquidación judicial, en el marco del régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria por actos de corrupción.
Esta autoridad constató que el pasado 10 de mayo de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria contra el señor Andrés Jaramillo López por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, como así lo confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y conforme los hechos objeto de condena penal.
Lo anterior, haciendo referencia a “la entrega a servidores públicos de $450 millones y $150 millones (…) como dádiva o regalo una vez adjudicó y firmó el contrato 078 a la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería conformado por Conalvías...” según lo indica el fallo de condena en primera instancia proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Bogotá, el pasado 23 de julio de 2021.
“Con lo anterior, se advierte presuntamente la existencia de los elementos previstos en el artículo 2° de la Ley 2195 de 2022, siendo procedente que de oficio esta Superintendencia de inicio a la actuación administrativa que puede acarrear las sanciones previstas en el artículo 4° de la mencionada Ley, de verificarse a cabalidad la responsabilidad administrativa de la persona jurídica”, destacó la Supersociedades.
Asimismo, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, manifestó que “de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 2195 de 2022 se amplían los supuestos mediante los cuales una persona jurídica puede ser sancionada administrativamente por contar con administradores o funcionarios condenados penalmente o con principios de oportunidad en firme por delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico o la financiación de actividades ilícitas, procurando la prevención y el combate de actos de corrupción”.
Esta entidad reiteró que es imperativo generar conciencia nacional con enfoque preventivo sobre todas aquellas conductas contrarias a la transparencia y probidad en el desarrollo del objeto social de las personas jurídicas y la incidencia de su actividad en el sector público.
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