Bloomberg Línea — La reforma a la salud del Gobierno Petro llega a su debate en el Senado con una amenaza del mandatario colombiano sobre lo que hará si los congresistas hunden el proyecto de ley y con un sistema sanitario en cuidados intensivos.
En el más reciente consejo de ministros transmitido en directo por televisión el pasado martes, el jefe de Estado fue claro en decir que, si se hunde la reforma en el Senado, expedirá los decretos que sean necesarios y hasta donde la ley se lo permita.
“Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si dos años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el Gobierno actúa”, dijo Petro.
Carlos Arias, doctor en Psicología Política de la Universidad Católica de Colombia y gerente de la firma Estrategia & Poder, indicó a Bloomberg Línea que la reforma a la salud se va a hundir, y no por un tema político o ideológico, sino por, igual que la reforma laboral, deficiencias técnicas.
“Está basada en el anhelo romántico de lo que debería ser una reforma a la salud y no en la realidad de cómo opera y funciona el sistema o cómo de verdad se podría cambiar”, mencionó Arias.
El experto cree que el hundimiento del proyecto de ley no va a facilitar la vida de los pacientes que hoy no tienen medicamentos o que no pueden acceder a la complejidad del sistema en términos de beneficios, que anteriormente prestaban las llamadas empresas promotoras de salud.
Asimismo, considera que la estrategia de Petro es avivar las calles en una consulta popular que le permita ambientar las elecciones de 2026 sacando provecho de que dos de las reformas claves de su gobierno, la reforma laboral y de salud, naufragaron.
La estrategia de Petro no es sacar adelante las reformas, dice Arias, sino hacerse al poder político con miras a las elecciones al Congreso de la República de 2026, porque una reelección suya es casi imposible.
“Y porque su imagen pública está tan desgastada que solamente le queda la lealtad de aquellos que no tienen una conciencia crítica de su Gobierno o que están prepagados, ya sea por contratos de prestación de servicios, proveedores o los mismos servidores públicos que están bajo su cargo en diferentes entidades adscritas y directamente por la Presidencia”, dijo Arias.
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El presidente dice que el Ejecutivo no prevé presentar otro proyecto. “Ya dimos la oportunidad dos años y medio, invitamos a concertar, hablamos con todo el mundo, se metieron muchas transformaciones que eran importantes, se hicieron audiencias”, dijo.
“Si se cae”, dijo el mandatario “actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no. Actuamos con la ley en la mano. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley”.
El Gobierno colombiano dice que su proyecto de reforma sanitaria atajaría la corrupción del sistema al eliminar la intervención de empresas privadas y que eso garantizaría un acceso a medicamentos y servicios médicos en mejores condiciones.
En contraste con el modelo actual, la iniciativa de ley prevé que el Estado asuma el control de los recursos destinados a la salud. El gobierno cree que, con un modelo sin empresas privadas intermediarias, la atención, los servicios médicos y el acceso a medicamentos mejoraran, especialmente fuera de las grandes ciudades del país.
Alerta por el sistema sanitario
En medio de esta discusión, la Defensoría del Pueblo, un organismo independiente creado por la Constitución de 1991 para defender los derechos humanos, emitió una alerta sobre el deterioro crítico del sistema de salud en Colombia, indicando que en los últimos dos años las quejas por fallas en la prestación de servicios han aumentado 75,7%.
Las fallas se concentran, principalmente, en cuatro aspectos:
- Falta de oportunidad en la atención en medicina especializada: las quejas pasaron de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024.
- Deficiencias en el acceso a otros servicios médicos esenciales: de 4.607 quejas a 7.714 en el mismo periodo
- Retrasos en la entrega de medicamentos, cuyas quejas se duplicaron en los últimos dos años, de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2024;
- Incumplimiento de tutelas (acciones de amparo) y desacatos judiciales exigiendo la entrega de medicamentos o la prestación de servicios de salud.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, dijo que la crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos.
“No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad”, dijo Marín. “Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”.
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La funcionaria dijo que el Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Asimismo, que las entidades privadas, como las empresas prestadoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de salud (IPS) y las farmacéuticas, deben resolver con urgencia los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos.
“La insuficiencia de recursos en dinero debe ser resuelta por un canal paralelo que no condicione la entrega de bienes y servicios de salud a la solución de las diferencias sobre la financiación de los mismos. Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”, dijo la Defensora.
