Bloomberg — Dado que el proyecto de reforma a la salud del presidente colombiano, Gustavo Petro, está estancado en el Congreso, su administración encontró otra manera de que una mayor parte de la industria quede bajo control estatal.
Algunas de las aseguradoras de salud privadas más grandes del país dicen que no solo Petro está girando menos por usuario de lo requerido, sino que tampoco ha pagado la deuda acumulada, dejándolas con una pérdida de casi US$2.200 millones. El Gobierno, por su parte, dice que está cumpliendo con todas sus obligaciones de pago.
Si las pérdidas logran ahogar a las aseguradoras, los usuarios serían transferidos de la aseguradora que vaya cayendo a las que vayan quedando hasta que eventualmente todos terminen bajo el sistema público, dijo Ramón Abel Castaño, consultor sobre el sistema de salud con sede en Bogotá.
Suponiendo que el Gobierno no logre convencer al Congreso de que apruebe una nueva ley de la salud, “el plan B está clarísimo, es colapsar el sistema”, dijo Castaño.
Las aseguradoras, conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS), hicieron pública su denuncia en julio. En una carta conjunta al Ministro de Salud, EPS Sanitas, EPS Sura y Compensar —que en conjunto representan alrededor de una cuarta parte de los usuarios en el sistema de salud de casi US$20.000 millones al año— advirtieron que enfrentan una situación financiera compleja que amenaza su viabilidad.
No obstante, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que, aparte de algunos giros pendientes de Administraciones anteriores, las EPS han recibido todos los fondos que se les adeudan. También cuestiona la afirmación de que los giros son insuficientes. El ministerio no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.
“El capitalismo es muerte”
El plan de Petro para la salud forma parte de un esfuerzo más amplio por transformar el modelo económico conservador de Colombia en uno en el que el Gobierno tenga un papel más predominante. La reforma pensional es otra de las prioridades.
“Parecería que ellos sí tienen una idea de un Estado muy grande”, dijo Ana María Vesga, quien dirige ACEMI, el grupo que representa a las empresas aseguradoras privadas de salud de Colombia. Alrededor del 90% de los servicios médicos actualmente son prestados por empresas privadas, dijo, añadiendo que el interés del Gobierno en gestionar directamente los recursos de la salud “es claro”.
Un ex ministro que fue destituido por sus objeciones a la reforma de la salud lo expresa en términos más crudos. Para Petro “el capitalismo es muerte”, dijo Alejandro Gaviria en una entrevista, y agregó que la electricidad y la vivienda son otros focos del impulso del presidente para expandir el Estado.
Petro, el primer líder de izquierda de Colombia, fue elegido en 2022 con la promesa de un cambio transformador. En un discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York ese año, culpó al capitalismo por el cambio climático, diciendo que puede conducir a la destrucción de la humanidad.
Si bien los activos colombianos se han recuperado recientemente y los inversionistas ven pocas posibilidades de que las reformas radicales de Petro obtengan la aprobación legislativa, Gaviria advirtió contra la complacencia. “Cuidado que el Gobierno tiene más margen de maniobra de lo que se está suponiendo”, afirmó Gaviria, quien fue reemplazado como ministro de Educación en febrero.
El principal accionista de EPS Sanitas, que forma parte del grupo Keralty SAS, es el millonario español Joseba Grajales. Representantes de Sanitas declinaron hacer comentarios.
EPS Sura es filial del holding financiero Grupo de Inversiones Suramericana SA. Representantes de EPS Sura también declinaron hacer comentarios.
En su informe de resultados más reciente, la aseguradora registró pérdidas por US$56 millones durante el tercer trimestre. EPS Sura dijo que los giros insuficientes del Gobierno y un aumento en la siniestralidad intensificaban incertidumbres importantes que pueden generar “dudas significativas” acerca de la capacidad de la entidad de continuar como un negocio en marcha.
Mientras tanto, Sanitas ha estado en el centro de atención después de que un proveedor de medicamentos dijera que limitaría la medicina que dispensa a la aseguradora debido a facturas pendientes. Si bien pudo llegar a un acuerdo con otro proveedor, Sanitas indicó que era una solución temporal dada la crisis de liquidez que enfrenta.
La empresa ubica el costo de suministro de medicamentos que no forman parte del plan básico en 55.000 millones de pesos mensuales (US$13,8 millones). El Gobierno solo está cubriendo 32.000 millones de pesos, lo que ha llevado a una deuda de más de 500.000 millones de pesos.
Para el sector en general, ACEMI estima que a las aseguradoras se les deben 8,9 billones de pesos en deuda que se ha acumulado desde el año pasado.
Sin embargo, el ministro de Salud de Petro dijo a finales de octubre que Sanitas no tiene motivos para retrasar los pagos a sus proveedores dado que el Gobierno ha realizado todos los giros requeridos y otras empresas del conglomerado Keralty están ganando dinero. “No pagan a sus proveedores, pero sus utilidades en sus clínicas en donde hay integración vertical gozan de muy buena salud”, dijo Jaramillo.
El sistema de salud es un motivo de orgullo nacional para Colombia.
La cobertura es casi universal: el 97% de la población puede acceder a los servicios, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras tanto, el gasto en salud ronda el 8% del producto interno bruto, por debajo del promedio de la OCDE y de los desembolsos de otros pares latinoamericanos, incluidos Brasil y Argentina. El gasto de bolsillo en Colombia también es de los más bajos del mundo.
Pero el intento de Petro de mitigar el papel del sector privado podría ponerlo en riesgo, según Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en Baltimore.
Los planes del Gobierno colombiano van en contra de lo que están haciendo otros países con sistemas públicos sólidos, dijo. Tanto el Reino Unido como Canadá, por ejemplo, están empezando a discutir formas en las que pueden profundizar el papel del sector privado para ayudar a abordar las brechas que enfrentan no solo en términos de financiamiento, sino también de falta de recursos humanos y físicos.
Petro se reunió el mes pasado con el expresidente Álvaro Uribe para intentar conseguir apoyo para su iniciativa legislativa. El partido de Uribe se opone al proyecto de ley y está firmemente en contra de eliminar el papel de las aseguradoras privadas, argumentando que el sector público es ineficiente. Pero los dos líderes sí coinciden en la necesidad de mejorar la cobertura en zonas remotas, impulsar los servicios preventivos y aumentar los salarios de los profesionales de la salud.
Expertos como Castaño y Gaviria, que fue ministro de Salud de 2012 a 2018, también ven la necesidad de imponer límites a la cobertura. Actualmente, casi todos los tratamientos médicos son elegibles, lo que ha hecho que el sistema existente sea insostenible a nivel financiero.
Las EPS enfrentan costos crecientes debido a las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y un aumento en la demanda de servicios médicos, dijo el Ministerio de Salud en el documento de exposición de motivos que acompañó la radicación de la reforma a la salud ante el Congreso en febrero. Eso ha provocado que la deuda se acumule y ha llevado a que muchas EPS quiebren durante la última década.
De las 30 EPS que operaron en Colombia el año pasado, 14 enfrentaban algún tipo de intervención gubernamental y solo seis cumplían con los estándares financieros para operar normalmente, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud.
“La crisis venía de antes pero el aceleramiento de la crisis sí es de este Gobierno”, dijo Castaño, advirtiendo que el potencial colapso del sistema “tiene un costo enorme en vidas humanas”.
