Bogotá — Desde la Plaza de Bolívar el presidente Gustavo Petro, y en medio de las movilizaciones que convocó su Gobierno, insistió que presentarán la reforma a los servicios públicos de Colombia.
¿Qué es lo que quiere cambiar el Ejecutivo?
Lo primero que hay que mencionar es que el Gobierno ha resaltado que esta reforma se construirá con el pueblo, por lo que se van a desarrollar mesas de trabajo, encuentros regionales y demás espacios de conversación para recibir comentarios en los territorios.
El proyecto que llegará al Congreso de la República buscará, entonces, la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios.
Igualmente, se planteará el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
“Lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público. Reconocemos los logros del régimen vigente y, bajo ese entorno, la propuesta contempla actualizaciones y nuevas disposiciones para atender la realidad del país. Las reformas deben responder al programa de Gobierno del Cambio, al Estado social de derecho que consagra la Constitución Política y a la doctrina de la Corte Constitucional expedida en materia de servicios públicos para poblaciones desprotegidas. Será una iniciativa en la que se tendrá en cuenta los aportes de las comunidades, prestadores, academia, entidades públicas y organismos de control, entre otros actores del sector”, explicó recientemente el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos.
En torno a la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, el superintendente Quiroga indicó que “se analiza su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario, respeto al debido proceso en sus reclamaciones y eliminación del contrato de condiciones uniformes que se pacta entre empresas y suscriptores; a cambio se elaborará un código de derechos y deberes de las partes”.
De acuerdo con información de esta Superintendencia, la propuesta de reforma también se enfocará a:
-Fortalecer la gestión de las comisiones de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; y de Energía y Gas; así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
-Garantizar la protección y gestión integral del agua por parte de prestadores y comunidades organizadas, en el marco de la iniciativa del Gobierno de asegurar el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
-Establecer un esquema diferencial en la prestación de servicios públicos que ofrezcan condiciones particulares de operación, gestión, regulación y vigilancia para garantizar su acceso a grupos poblaciones en zonas de difícil acceso.
-Fomentar el autoabastecimiento a través de comunidades organizadas como las juntas de acción comunal, comunidades indígenas y asociaciones sin ánimo de lucro, bajo esquemas diferenciales de operación y financiación.
-Potenciar el aprovechamiento de residuos como servicio público y no solo como una actividad del servicio de aseo. Esto con el fin de avanzar en las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio, fomentar la transición hacia una economía circular; y establecer prácticas más efectivas y eficientes en la gestión de los residuos sólidos.
-Promover la aplicación de nuevas tecnologías en la prestación de los servicios públicos, en campos como la generación de energía, el tratamiento de aguas, y la disposición y aprovechamiento de residuos.
Lo que coincide con lo expresado por Petro durante las movilizaciones: “las leyes hoy vigentes que crearon los servicios públicos, tal cual los obtenemos hoy, pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para ellos, no tienen derechos en esas leyes”.
El mandatario, además, refirió que “las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios, y en cambio la gente pobre se queda sin el servicio público. Nosotros vamos a variar eso, nosotros creemos que el servicio público debe tener en su centro, en su corazón, al usuario del servicio, que puede y debe tener instrumentos para incidir en la política de las tarifas”.
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