Bogotá — Hace dos años llegó al poder en Colombia el primer presidente de izquierda: Gustavo Petro Urrego. Durante estos 24 meses de administración, han tenido luz verde dos de sus reformas de corte económico, un escándalo de corrupción ha salpicado a sus funcionarios más cercanos, su hijo Nicolás Petro está investigado por la Fiscalía y ha cambiado más de 20 veces a sus ministros.
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Bloomberg Línea le preguntó a dirigentes gremiales de diferentes sectores ¿cuál es el balance que hacen? y los reparos que hacen superan con creces los aciertos que destacan.
Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi (Federación Nacional de Avicultores de Colombia), le dijo a Bloomberg Línea que “lamentablemente vemos un deterioro general de la seguridad del país. En la ruralidad estamos viendo que se están presentando nuevamente amenazas a productores de todos los sectores, hay atentados a productores en diferentes áreas del país y además se está presentando el tema de extorsiones para poder entrar con productos”.
En ese sentido, expresó que son situaciones que se han vuelto recurrentes en los territorios. “Asimismo, vemos que la ejecución del presupuesto está lenta, lo que significa que no se están ejecutando políticas públicas que ya venían de atrás”.
Por otro lado, el dirigente gremial sostuvo que no ven una política clara en el sector agropecuario ni, en general, para el sector productivo, y que se necesitan políticas claras, por ejemplo, en materia de exportaciones.
“Y por último y no menos importante, necesitamos que se continúe la misma línea de protección de entidades que cuidan, por ejemplo, el estatus sanitario como es el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), de no politización. Eso último se ha logrado mantener. Esperemos que con los cambios que se presenten no se pierda esa línea de no politización de las entidades”, añadió.
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia (Cámara de Comercio Colombo Americana), manifestó a este medio que en estos años Colombia ha transitado una vía de un solo carril, encontrando temas en semáforo verde, amarillo, naranja y rojo.
Explicó que en semáforo verde se destaca la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cumplimiento de compromisos internacionales para el pago de la deuda, el mantenimiento de la política fiscal dentro de la regla fiscal, la tendencia a la baja en la pobreza y mejora en la equidad, el control de la inflación y el mantenimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos.
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En semáforo amarillo, la dirigente gremial se refirió a los resultados económicos afectados por los contradictorios mensajes del Ejecutivo, “generando incertidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros, lo que ha llevado a una reducción de la confianza para la llegada de la inversión y el fortalecimiento de la misma”.
En semáforo naranja habló del espacio limitado para el diálogo político y la falta de consenso en el Congreso de la República para las reformas, “inestabilidad administrativa y dispersión partidista, la baja ejecución presupuestal sobre todo en el presupuesto de inversión y la inseguridad jurídica”.
Y en semáforo rojo, Lacouture enfatizó el deterioro de la seguridad física y jurídica, la falta de resultados concretos y avances en la política de paz y los escándalos de corrupción que afectan la credibilidad de los altos funcionarios del Gobierno.
“Por lo que resta del mandato es crucial poner a todos los colombianos como prioridad, separando la ideología de las acciones necesarias, promover políticas inclusivas, garantizar la seguridad física y jurídica y demostrar que Colombia ofrece las condiciones adecuadas para la inversión”, insistió la dirigente.
Jorge Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), enfatizó que en su discurso de posesión, el 7 de agosto del 2022, el presidente Petro habló en su decálogo de construir un acuerdo nacional y de dialogar con el objetivo de lograr acuerdos.
“Dos años después, con los gremios de la producción en el sector empresarial, muy poco o nada de eso se ha visto. Reformas que no fueron consensuadas, estigmatización desafortunada en algunas oportunidades a diferentes generadores de empleo y gremios de la producción, a pesar de los diálogos que algunos de sus ministros, que hoy ya no están, han tenido con el sector privado, desafortunadamente marcan estos dos años de gobierno”, mencionó Bedoya.
Además, aseguró que una reforma tributaria, con un gran recaudo, que dio la posibilidad de tener grandes presupuestos a la hora de inversión, “pero desafortunadamente no se ha visto una muy buena ejecución. Y claro, la inseguridad desbordada en todo el territorio nacional, una política de paz total que desafortunadamente no ha dado resultados, y una gran incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir con nuestra economía y el estilo de gobierno en los próximos dos años, es una de las marcas que dejan estos dos primeros años del gobierno del presidente Petro“.
Por lo que concluyó que para el segundo tiempo, “esperamos que ese discurso del mandatario, frente al diálogo, a la búsqueda de consensos, al acuerdo nacional, para las reformas que aún hacen tránsito en el Congreso y las que llegarán, ojalá eso se convierta en una realidad. Y, por supuesto, que la seguridad física y la seguridad jurídica, al menos para el sector agropecuario, que son dos aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestra actividad, finalmente sean una realidad”.
Por su parte, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, gremio de las pequeñas y medianas empresas, expresó que están convencidos que el balance ha podido ser mucho mejor. “Hoy tenemos un país donde, por la misma incertidumbre que genera tanta presentación de proyectos de ley e insistirles a cambios totalmente estructurales, se ha llevado a que la inversión privada durante los cinco últimos trimestres ha tenido un decrecimiento, como lo ha expresado el Dane, en -13,4% y por consiguiente eso afecta empleo”.
En esa línea, sostuvo que en junio el desempleo del país se ubicó en 10,3%. “Y hay que mencionar que la inseguridad es uno de los factores que hoy el sector empresarial está pidiendo a gritos resolver”.
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Quintero agregó que hay que tomar decisiones rápidas, disminuir el gasto, acelerar la ejecución del presupuesto de cada Ministerio y no seguir pensando en más impuestos porque el sector empresarial no tiene la capacidad para soportar reformas laborales que inciden directamente en la estructura de costos, sobre todo las mipymes.
“Estamos convencidos que el presidente Gustavo Petro todavía tiene un tiempo de tomar decisiones distintas y trabajar de manera diferente para poder tener juntos mejores resultados económicos y sociales”, puntualizó la presidenta de Acopi.
