Bogotá — En los próximos días, según indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, será radicada nuevamente la reforma laboral del Gobierno Petro que, recordemos, se cayó en la pasada legislatura por falta de quórum para ser debatida.
El proyecto que se pondrá a consideración del Congreso de la República tendrá varios cambios. ¿Qué debe incluir o modificar?
“Vamos a partir inicialmente de la propuesta que quedó radicada por la Comisión Séptima de la Cámara y a la que le faltó tiempo para terminarse. Esa propuesta traía ocho artículos nuevos, ahora, después de las audiencias y el trabajo que venimos haciendo con otras organizaciones, jóvenes, mujeres, plataformas, habrá 12 artículos nuevos y pronto los estaremos contando para que Colombia sepa y todos los trabajemos, para luego ser radicados en el Congreso de la República”, manifestó la Ministra.
Al respecto, el presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), Jaime Cabal, le dijo a Bloomberg Línea que en esta etapa no hubo concertación, que nunca fue citada la Comisión Nacional de Concertación Laboral y que no conocen la propuesta de los 12 artículos nuevos.
Y, en ese sentido, manifestó que “es fundamental que se elimine el incremento de los costos de los recargos nocturnos, dominicales y festivos (cuyo pago, proponía el proyecto inicial, pasarlo del 75% al 100%), también la rigidez de contratación y el acabar con la tercerización”
Este gremio propone que la nueva reforma laboral considere jornadas de trabajo especiales para ciudades que trabajan en horarios especiales, para reducir cargas a la infraestructura de servicios, sin mayores costos. Además, exenciones e incentivos estatales para generación de nuevos empleos, estabilidad laboral, aprendices y recreación.
Por otro lado, beneficios para los trabajadores por cumplimiento de objetivos e índices acordados con las empresas y negociaciones colectivas ajenas a intereses políticos con acuerdos pacíficos para mejores condiciones laborales sin menoscabo de la productividad de las empresas y la competitividad del país.
Adicional a eso, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, le indicó a este medio que insisten en la adopción de propuestas diferenciales que beneficien específicamente al segmento empresarial de las medianas y pequeñas empresas, debido a que cualquier reforma estructural debe considerar estas diferencias, por el tamaño mismo que estas compañías representan.
“Sobre todo en materia de derecho colectivo no puede agravar las condiciones de las mipymes, con propuestas como la negociación multinivel que extiende sus efectos a este segmento, desconociendo que los mínimos de las grandes empresas pueden significar la destrucción del tejido empresarial de las micros y pequeñas, así como aspectos relacionados con el contrato de aprendizaje que no debe convertirse en un contrato laboral y el contrato a término indefinido como regla general de contratación”, enfatizó.
La dirigente gremial añadió que de acuerdo a los resultados del mercado laboral, donde se ve una disminución del desempleo a un dígito, “nuestra legislación actual ofrece oportunidades para seguir reduciendo este indicador, la reforma que se pretende no puede desconocer esta realidad. Conscientes que hay aspectos que mejorar creemos que la reforma debe flexibilizar el acceso a los trabajadores que están por fuera del sistema, toda reforma que se considere debe tener un balance entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, en razón que debe incentivar la inversión”.
Jorge Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), sostuvo que el proyecto debe incluir la posibilidad de que se pague por el tiempo efectivamente trabajado en el caso de jornal agropecuario (trabajo por horas) y que en el caso de derechos colectivos y huelgas parciales el sector agropecuario debería ser considerado sector esencial.
También aseguró que no se deben reducir los requisitos para la autorización de huelgas y que se deben revisar temas como la tercerización y no acabar con los sindicatos de empresa.
Al respecto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, expresó que “hemos insistido en que haya una reforma laboral que se ocupe de disminuir el desempleo, que no cree nuevo desempleo, que disminuya la informalidad y que le permita a Colombia generar mayor productividad en el trabajo. Esperamos que el Congreso y el Gobierno tengan en cuenta todos los análisis de impacto que puede producir cada una de las normas”.
Y agregó que “al Gobierno le hemos expresado nuestra disposición de trabajar en forma tripartita como indica la Constitución, y recomienda la OIT (Organización Internacional del Trabajo). No podemos equivocarnos y sacar normas que aumenten el desempleo y la informalidad”.
Aliadas, la Alianza de Asociaciones y Gremios, señaló que este proyecto representa una oportunidad para abordar las inquietudes ciudadanas relacionadas con el empleo y las condiciones laborales y que se espera que fomente la flexibilidad en la contratación, asegure cotizaciones equitativas y estimule la capacitación.
“Los empresarios se encuentran comprometidos con una sociedad más justa y próspera, promoviendo la formalización laboral y un enfoque colaborativo entre empresas, gobierno y sociedad civil para afrontar la informalidad y favorecer un futuro sostenible para Colombia”, expresó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.
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