Bogotá — Este domingo 15 de diciembre era el primer plazo que tenían empresarios, sindicatos y gobierno para llegar a un acuerdo en la fijación del salario mínimo para el próximo año. Sin embargo, no hubo consenso en la mesa tripartita.
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Y es que las propuestas de las partes distan mucho entre sí, por lo que hay una alta probabilidad de que el salario mínimo sea fijado por decreto.
Por un lado, Acopi, gremio de las pequeñas y medianas empresas, propuso en la mesa un aumento de 5,2%, con lo que el incremento sería COP$67.600, y el salario quedaría en COP$1.367.600.
Una posición similar a la de tanques de pensamiento como Fedesarrollo y ANIF, que expresaron que el aumento del salario mínimo debería ser, máximo, de 6%. Con ese aumento, el salario mínimo se incrementaría en COP$78.000 y llegaría a COP$1.378.000.
No obstante, lo que han dicho sindicatos como la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, es que el aumento que debe fijarse es del 12%, una cifra muy distante a la ofrecida por Acopi. Con ese incremento solicitado el aumento del salario mínimo sería de COP$156.000, con lo que el monto quedaría en 2025 en COP$1.456.000.
Sobre esta discusión, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, señaló que “durante muchos años el incremento del salario mínimo estuvo por debajo de la productividad laboral, lo que llevó a un deterioro en la distribución del ingreso. Espero que los sindicatos y los gremios logren concertar un aumento considerable que apunte a saldar esta deuda con las y los trabajadores que ganan el mínimo”.
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Al respecto, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, manifestó que a los aprendices del SENA los hacen trabajar 48 horas semanales, “no les pagan el salario mínimo completo y tampoco les pagan prestaciones sociales. Las derechas odian a los jóvenes, quiere negarles la reforma laboral de Gustavo Petro que les reconoce esos derechos”.
Vale recordar que, si este lunes 16 de diciembre, la mesa tripartida de negociación no llega a un acuerdo, habrá jornadas extras los próximo 24, 25, 26 y 27 de diciembre, jornada en la que será el último plazo para que sindicatos, empresarios y gobierno lleguen a un acuerdo. De lo contrario, el Ejecutivo deberá expedir el aumento mediante decreto.
