Multan a Movistar por impedirle a sus usuarios cambiarse de operador

La compañía usó varios argumentos no válidos para rechazar el traspaso a otros operadores, según la SIC. ¿De cuánto fue la sanción?

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Bogotá — Movistar fue sancionada con una multa de $626,4 millones por impedir la portabilidad numérica de las líneas móviles de sus usuarios, informó este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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La SIC evidenció que la empresa de telefonía rechazó las solicitudes de portabilidad hacia otros operadores, con el argumento de que los solicitantes no eran los titulares de las líneas o que los mismos se encontraban en mora, lo anterior sin contar con sustento probatorio que acreditara la veracidad de estas causales.

De igual manera, Movistar rechazó algunas solicitudes de portabilidad indicando que el nombre suministrado en la solicitud no coincidía con la información de sus sistemas, sin embargo, la SIC pudo comprobar que se trataba de problemas de digitación en las bases de datos.

Por otra parte, la empresa tampoco acreditó haber remitido los soportes de dichos rechazos al administrador de bases de datos, de acuerdo con lo exigido por la ley.

La Superintendencia comprobó que la información presentada por la compañía investigada era inexacta, “por cuanto en la documentación allegada no se indicaron con precisión las fechas en que se reportó al administrador de bases de datos el rechazo de las solicitudes de portabilidad”.

Siguiendo con lo anterior, según la SIC, “en unas imágenes se indicó que la fecha era la del corte de facturación, en otras, que correspondía a la que el usuario ingresó al sistema, que era la fecha de emisión de la factura o la fecha en que se efectuó la portabilidad, las cuales no eran coincidentes ni siquiera con las de las solicitudes de los consumidores del servicio”.

Dado lo expuesto la autoridad dijo que “contra la decisión proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor”.