Bogotá — Este viernes tuvo lugar en la Corte Constitucional la audiencia pública convocada por el tribunal para discutir la legalidad de la prohibición para que las empresas deduzcan las regalías a la hora de pagar el impuesto de renta.
Esta es una de las medidas aprobadas en el 2022 en la reforma tributaria del Gobierno Petro, tramitada en Congreso como la Ley 2277.
Jorge Enrique Ibañez, magistrado de la Corte Constitucional, aseguró que “contra esta disposición, fueron presentadas inicialmente tres demandas de inconstitucionalidad, y han sido presentadas, adicionalmente, otras demandas que a su turno serán objeto de atención”.
Entre los puntos expuestos en estas demandas está, entre algunos temas, un trato desigual entre los contribuyentes, así como otros reclamos.
Julio Roberto Piza lidera el equipo defensor del Gobierno en el trámite ante la corte. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó de la audiencia, y sentó las bases mediante las cuales el Gobierno Nacional propuso la prohibición.
“Es absolutamente claro que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Las regalías son además recursos del estado, y constituyen una contraprestación económica, de rango constitucional, a cargo de quienes toman un recurso natural no renovable”, les manifestó el Bonilla a los magistrados de la Corte.
El titular de la cartera financiera les hizo hincapié a los magistrados en que el trámite de ley se hizo bajo las condiciones del Congreso y que no fue una medida que decidió sin debate el Gobierno Nacional. Además, enfatizó en que el impuesto sobre la renta es uno de los principales ingresos que contempla el Presupuesto General de la Nación y sobre el cual están sentadas las bases de financiación de varios de los programas sociales que adelanta el Gobierno.
“Si se permitiera y se aceptara la deducibilidad, lo que estamos es, además de aceptar estar entregando parte de la propiedad del Estado y estamos limitando la organización del presupuesto general, lo que tiene implicaciones de que dejaríamos de financiar sectores como el presupuesto de Ambiente, el de Deporte y Recreación o el de Cultura, si el total de la reducción de regalías fuera de $3.800 millones”, indicó Bonilla.
