Bloomberg — Los bloqueos de carreteras por parte de trabajadores de las minas informales de Colombia están perturbando la actividad económica en tres provincias.
Los mineros de Santander y Norte de Santander, predominantemente del sector informal del oro, están protestando contra el plan del gobierno de declarar reserva natural temporal un área cercana al humedal andino conocido como Santurbán, lo que les impediría acceder a los depósitos de oro debajo de su suelo.
Por otra parte, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, los trabajadores protestan por la destrucción de excavadoras y otra maquinaria pesada utilizada en la minería de oro ilegal o informal por parte de las fuerzas de seguridad.
Más de dos tercios del oro del país se produce en operaciones que carecen de certificación completa. Muchas de las operaciones mineras en ríos y montañas remotas están controladas por grupos del crimen organizado.
El sector ha recibido un impulso este año, ya que los precios del oro se dispararon hasta alcanzar un récord, a medida que la expansión del conflicto en Oriente Medio aumenta la demanda de activos de refugio y los operadores evalúan los riesgos de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro fue elegido con la promesa de proteger el medio ambiente del país, lo que en ocasiones lo ha llevado a entrar en conflicto con sectores perjudiciales para este, como la ganadería y la minería ilegal.
Con las protestas entrando en su quinto día, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo el viernes en una publicación en X, que las conversaciones para poner fin a las protestas están en curso y se han alcanzado acuerdos para permitir la apertura intermitente de vías, dijo, tras una reunión con mineros en Antioquia.
Los bloqueos de carreteras han impedido que más de 140.000 toneladas de productos lleguen a su destino, informó el jueves el diario El Tiempo. Esto se produce después de que las protestas a nivel nacional en septiembre paralizaron partes del país después de que el gobierno anunciara planes para aumentar los precios del diésel.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió a principios de año un decreto por medio del cual se pueden determinar lugares donde la actividad minera está restringida por cinco años mientras los funcionarios determinan si el área cumple con los criterios para ser protegida. Este período de cinco años también puede ser prorrogado.
En septiembre, el gobierno señaló que publicaría una resolución para asignar esa condición a un área alrededor del Páramo de Santurbán, lo que marcaría la primera vez que utiliza el decreto.
