Bogotá — En medio de un panorama económico más complejo con los precios de bienes y servicios básicos incrementando constantemente, que golpea con más fuerza a los hogares pobres y vulnerables, el 2022 fue un año un año complejo para muchas familias, entre estas las del campo colombiano.
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Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Dane, aunque la pobreza subjetiva aumentó en todo el país durante 2022, la proporción de hogares que se consideran pobres es más alta en las zonas rurales (centros poblados y rural disperso) que en las cabeceras o ciudades.
Los datos arrojaron que el porcentaje de jefes de hogar que se consideraron pobres en las zonas rurales, municipios y veredas pasó de 70,3% en 2021 a 74,1% en 2022.
Para 2022 los departamentos con mayor proporción de jefes de hogar que se consideran pobres fueron Vichada (85,8%), Córdoba (83,7%) y Chocó (83,4%). En contraste, Caldas (33,4%), Bogotá (32,3%) y Risaralda tuvieron los menores porcentajes.
Al desagregar los datos por sexo, el Dane reportó que en 2022 los hogares que tenían como jefe a una mujer fueron los que más se consideraron en pobreza en Colombia (52,2%), que los que tenían jefatura masculina (49,3%). En las cabeceras o ciudades la proporción fue de 46,9% y 40,9% respectivamente y en las zonas rurales fue de 76,1% (mujeres) y 72,9% (hombres).
El campo colombiano necesita más atención
A mediados de 2022, en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) sobre la Política Rural de Colombia, se destacó que el campo colombiano tiene un potencial de riqueza, pero requiere desarrollo.
La Ocde advirtió en su informe que la política pública y el marco institucional en Colombia aún mantienen un sesgo del desarrollo rural centrado en las actividades primarias, la asistencia social y la seguridad, lo cual es un legado de una visión histórica de desarrollo centrada en lo urbano.
Dice que entender el desarrollo rural más allá de la agricultura hace parte de una transición que ya han emprendido varios países miembros de la Ocde.
El documento sostiene que para movilizar el potencial rural, el gobierno debe priorizar una serie de desafíos estructurales que históricamente han limitado las oportunidades de desarrollo rural.
Estos desafíos incluyen: i) alta informalidad en la tenencia de tierra, ii) la violencia que aún afecta a las comunidades rurales, iii) una infraestructura de transporte deficiente con algunas regiones aún desconectadas de la red de vías y una calidad inadecuada de transporte terrestre, férreo o fluvial, iv) un bajo acceso a banda ancha, y v) el difícil acceso a servicios de salud y educación de calidad.
En línea con lo anterior, vale mencionar que uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro es incentivar la agricultura y cambiar la propiedad de la tierra. No hay que olvidar que la concentración de la tierra ha sido uno de los fenómenos históricos en el país y por ende en el acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora exguerrilla de las Farc se planteó una reforma agraria que buscara justamente esa redistribución.
En palabras de Gustavo Petro, “la reforma agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática y estoy convencido, para que Colombia no tenga hambre”, dijo el mandatario a inicios de marzo de este año cuando se entregaron 29 predios (3.500 hectáreas), que forman parte del primer bloque de terrenos comprados para la implementación de la reforma.
Uno de los compromisos de Colombia, para cumplir el punto del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural integral, hace mención a la titulación de 7 millones de hectáreas y, también, a que 3 millones de hectáreas pasen a manos del campesinado colombiano, resaltó Petro a inicios de marzo.
