Bloomberg Línea — El Consejo Gremial Nacional rechazó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y la denominada Ley de Financiamiento, presentados por el Ministerio de Hacienda y que deberán ser aprobados en primer debate en el Congreso de la República a más tardar el 25 de septiembre.
Los empresarios del país enviaron al Congreso una carta firmada por su presidente, Bruce Mac Master, en la que plantean sus reparos al PGN por COP$523,7 billones, 3,9% más que el de 2024, de los cuales COP$12 billones dependen de la Ley de financiamiento, es decir, de una nueva reforma tributaria.
La principal preocupación del Consejo Gremial al PGN es la expectativa del Gobierno nacional en torno a sus ingresos, dado que depende no solo del recaudo tributario adelantado por la Dian, sino de la aprobación de la Ley de financiamiento. El temor es que se repita la situación de 2024: que no se cumplió con el recaudo y fue necesario hacer recortes al presupuesto.
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“Si no se aprueba la Ley de financiamiento ni se recaudan los ingresos proyectados por la DIAN, el gasto primario tendría que recortarse en cerca de $33 billones para 2025. El faltante para cubrir el gasto según cálculos de Fedesarrollo alcanza los $26,6 billones, los cuales deberían recortarse del actual monto de $523 billones”, sustentó el Consejo Gremial.
A juicio de los empresarios, el Ministerio de Hacienda puede estar subestimando un déficit en 2025, incluyendo el faltante para el gasto primario, que podría ser superior a los $84 billones si no se cumplen las metas de ingresos.
“El Gobierno nacional completaría seis años con altos déficits fiscales, por encima del 4,3% del PIB. Los capitales externos verán menos atractivo al país, presionando la depreciación de la moneda, generando presiones sobre la inflación”, agregó en el documento enviado al Congreso.
Sumado a ello, el Consejo Gremial criticó que, pese a la baja ejecución en lo corrido de 2024, exista una “presión” para aprobar un mayor monto en el PGN en 2025.
La inconveniencia de la Ley de financiamiento
Entre los cuestionamientos al PGN sobresale la Ley de financiamiento, a través de la cual el Gobierno busca el recaudo de COP$12 billones para completar el monto de COP$523,7 billones, puesto que es “inconveniente” en medio de la coyuntura económica que vive el país, conforme con el Consejo Gremial.
“El proyecto de Ley de financiamiento, tal como está planteado, nos parece inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica. Al aumentar la carga tributaria y generar incertidumbre, podría frenar la inversión y el crecimiento, lo que a la larga perjudicaría a todos los sectores de la economía” enfatizó.
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Para los empresarios, una nueva reforma tributaria podría desencadenar consecuencias similares a las que dejó la aprobada por el Congreso en 2022: una disminución de entre 1,6%, y 1,9% en la tasa de inversión de 2023 a 2025.
El Consejo Gremial incluso citó el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Colombia, evidenciando el impacto que han traído consigo las 21 reformas fiscales entre 1990 y 2022,.
“Las reformas frecuentes también han generado incertidumbre e inseguridad jurídica para la inversión privada”, expuso la OCDE.
