Bogotá — La Contraloría General de la República emitió un informe en el que indica que, si bien los proyectos solares fotovoltaicos del Gobierno son un gran aporte para la transición, el desarrollo de estos proyectos se enfrenta a dificultades presupuestales, técnicas y sociales. Además de dificultades en los tiempos de estructuración y maduración de la gestión para viabilizar esas iniciativas.
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“La escasa capacidad de pago de los usuarios potenciales aumenta la demanda de subsidios, lo que puede afectar las inversiones para el desarrollo posterior de proyectos de soluciones de energía alternativa en este tipo de zonas”, advierte el estudio adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales (DES) del organismo de control.
Lo que se evaluó fueron los resultados obtenidos en la prestación del servicio de electricidad mediante estos proyectos en las veredas y zonas rurales de las llamadas Zonas No Interconectadas -ZNI, de acuerdo con la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Como un primer resultado del estudio, se estableció que la estrategia para la vinculación de nuevos usuarios se ha venido implementando desde el 2015 con efectos positivos en mejorar el acceso al servicio para más personas; sin embargo, se observa un rezago sustancial en el cumplimiento de las metas de cobertura y bastantes retos para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de los esquemas de prestación del servicio en las zonas no interconectadas.
A partir del último censo de 2018 se determinó que son 818.119 las viviendas (más de 3.330.000 personas), a las que se debe llegar con el servicio de energía para alcanzar la cobertura universal.
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El diagnóstico completo señala que: 117.317 viviendas pueden contar con el servicio mediante microrredes aisladas, 470.340 viviendas pueden tener interconexión al Sistema Interconectado Nacional y 230.462 serían viviendas con Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales.
La inversión necesaria para lograr una cobertura universal se estima en COP$14,47 billones; COP$1,95 billones, corresponde a soluciones mediante microrredes aisladas, COP$6,9 billones para Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales y el restante COP$5,62 billones para conexión de las viviendas al Sistema Interconectado.
El ente de control revisó 32 contratos interadministrativos que el IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas), suscribió junto con el Ministerio de Energía, en los que se ejecutaron cerca de COP$271.348 millones para proyectos de las Soluciones Solares citadas en 17 departamentos y que permitieron aumentar en 13.425 los nuevos usuarios con servicio.
En este sentido, el estudio indica que si bien se ha aumentado la cobertura con las inversiones adelantadas, aún es es insuficiente.
“Las metas de los diferentes gobiernos son poco ambiciosas hasta tal punto que las ejecuciones son superiores a los planeado. Pero con metas de 40.000 o 100.000 usuarios cada cuatrienio, la cobertura universal no se alcanzará en menos de 20 años”, se advierte al respecto.
Se encontró en este análisis que existe una desarticulación en la implementación de proyectos encaminados a proveer servicios de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales, así como dificultades en la programación de las etapas de mantenimiento y monitoreo.
Así mismo, le preocupa a la Contraloría la sostenibilidad de estos sistemas al no contarse aún con las metodologías para remunerar la operación, administración de microredes, interconexiones y de las mismas Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales; más aún cuando en la actualidad se está hablando de comunidades energéticas y persisten las dudas sobre su adecuada operación con el sistema interconectado nacional.
La recomendación
En el informe la Contraloría General resalta que hoy más que nunca se deben aprovechar los recursos existentes en fondos públicos nacionales para la ampliación de la cobertura y cita los ejemplos del FAZNI y el FAER.
Adicional a eso, en el sistema de regalías, las estampillas proelectrificación y los recursos regionales. Lo anterior, para garantizar a todos los colombianos el acceso a un servicio público esencial para el bienestar como es la electricidad.
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