Bogotá — Los mismos actores de la industria webcam levantaron su voz en contra del proyecto de ley que busca regular a estos negocios y sus actores.
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La iniciativa, que llegó al legislativo recientemente y fue radicado por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, “busca establecer medidas de control y vigilancia a los establecimientos y garantizar condiciones de dignidad y bienestar a las modelos. Es una apuesta que venimos impulsando desde la anterior legislatura”, dijo el congresista.
No obstante, el proyecto ya causa polémica debido a que concentra su aplicación en un solo gremio.
“Llama la atención para empresarios y modelos el ítem g del Artículo 3 de dicho proyecto, el cual le otorga a Fencea (Federación Nacional de Comercio Electrónico Para Adultos) facultades de control y vigilancia como apoyo al Gobierno colombiano, lo que se interpreta como si existiera un ente único de tipo federación en el sector”, destacó Fenalweb, otra Federación de esta industria y cuyos afiliados se encuentran principalmente en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Y es que la iniciativa indica que las empresas constituidas por personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam estarán organizadas y reguladas en Fencea.
Diego Valencia Correa, presidente de Fenalweb, explicó que entregar directamente la regulación a un privado sería crear un monopolio, desconocer a otros actores de la industria y borrar un proceso de formalización y profesionalización democrático, que se ha construido durante los últimos años entre el Gobierno Nacional, modelos y empresarios.
“Una sola federación, de una sola ciudad, no tiene la capacidad ni idoneidad para regular lo que ocurre en otras ciudades como son: Bogotá, Medellín, Bucaramanga o Barranquilla, porque, además, las dinámicas de la industria son diferentes en cada región. Todos en la industria estamos trabajando por la formalización y profesionalización del sector, por eso, tenemos una mesa de diálogo tripartita abierta entre el Gobierno, los modelos y los empresarios, pero este proyecto de ley desconoce este trabajo colectivo. Nuestra posición es: regulación y estandarización, sí. Monopolio, no”, resaltó Valencia Correa.
Este proyecto de ley establece también que la persona jurídica o natural que ejerza la actividad de servicio y entretenimiento comercial electrónico para adultos a través del sistema webcam deberá cumplir con estos requisitos: certificado de Cámara de Comercio, RUT, concepto de uso de suelo, certificado de Sayco y Acinpro, certificado de cumplimiento de normas sanitarias, certificado de cumplimiento de normas de seguridad del establecimiento, certificado de funcionamiento y realización de un contrato con una empresa de aseo para la recolección de residuos peligrosos.
El presidente de Fenalweb agregó que cualquier regulación del sector debería estar en manos del Gobierno Nacional, “una sola federación no puede aprobar permisos de funcionamiento y vigilar en todo el país, porque es contraproducente. La propuesta ideal que ya se ha expuesto en las mesas de diálogo que hemos tenido es que cada ciudad y región tengan su propia federación, y que luego haya una asociación nacional que reúna a todas las federaciones para tener interlocución ante el Ejecutivo o cualquier organismo de control”.
En ese sentido, el dirigente recordó que en 2020 ya se había presentado un proyecto de ley similar, por el entonces senador Jonatan Tamayo Pérez, “pero no fue aprobado en el Congreso de la República porque atentaba en contra del derecho a la libertad de asociación o agremiación, al derecho a crear empresa y a los derechos de los trabajadores”.
La propuesta del congresista Ocampo contempla, además, que para fines tributarios, las personas naturales o jurídicas prestadoras de estos servicios estarán sujetas a la tarifa de retención en la fuente a título de renta por servicios.
Asimismo, que los bancos o entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera podrán establecer políticas para quienes presten estos servicios, “para determinar la legalidad y trazabilidad de sus operaciones estableciendo montos de ingresos para la monetización de divisas, modelos de control como SARLAFT, prevención de lavado de activos y la no financiación del terrorismo”.
