Bogotá — Desde las Cámaras de la salud de la ANDI, que agremian a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud, se le hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proteger a los pacientes y a sus familias, y a toda la operación diaria del sistema, que respalda más de dos millones de atenciones en salud al día, para que, de manera conjunta, se aborden técnicamente la conversación sobre el financiamiento del sector.
A la vez, solicitaron se tomen desde el Gobierno nacional las acciones necesarias para asegurar su correcto y sostenible financiamiento, además de procurar los mecanismos necesarios que garanticen la liquidez, para la correcta operación del sistema de salud.
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La coyuntura actual del sistema ha sido afectada por variables no controlables como la inflación y la tasa de cambio, que sumada a un aumento notable en las frecuencias de uso por la ampliación del PBS, el traslado de usuarios y los efectos post Covid, ha elevado la siniestralidad histórica de las EPS, revelando la insuficiencia de la UPC en ambos regímenes, aseguraron los empresarios agremiados en la Andi.
Dijeron también que, pese al esfuerzo del Gobierno nacional en el aumento del 16.23% de la UPC para 2023, que se ha reconocido desde la Andi, ésta no ha sido capaz de absorber el aumento del gasto en salud en lo que va corrido del año y es necesaria y urgente una revisión estructural de su cálculo, asunto sobre el cual aseguran los empresarios, desde los gremios se cuenta con estudios de suficiencia, que pueden contribuir en la discusión.
Sumado a lo anterior, dicen desde la Andi, el proceso de reconocimiento y pago de los presupuestos máximos, con saldos desde 2021, 2022 y 2023 adeuda a las EPS cerca de $3 billones, según cifras entregadas por sus afiliadas, sin olvidar que por concepto de recobros y atención Covid, también persisten saldos por pagar.
La convergencia de la insuficiencia estructural de la UPC y la lentitud de los flujos para el No PBS, están afectando de manera sistemática la operación del sector salud, situación que se refleja en toda la cadena, prestadores y proveedores de tecnologías, lo cual en últimas afecta la atención para los usuarios.
Además, dicen desde la Andi que el estudio de cartera sectorial que realiza la agremiación de empresarios trimestralmente y que revela los tiempos de pago entre los diferentes agentes del sistema, arroja en su última medición del primer trimestre de 2023, una ralentización de los ciclos de recaudo en los prestadores y los proveedores de tecnologías, en promedio 203 días, así como un aumento de la cartera castigada, que pasa del 2.4% en 2021 al 4.7% en 2022.
Advierten que este deterioro en los flujos de recursos afecta enormemente la operación del sistema, y lo que es más grave, amenaza la oportunidad en la atención a los usuarios, por lo cual es imperativo garantizar que el sistema tiene la liquidez para operar correctamente.
Finalmente, dicen que la discusión de la reforma al sistema de salud ha ocupado todos los espacios en los últimos meses y se ve con preocupación que mientras esto sucede, se dilaten las acciones que requiere el sistema para su correcta operación.
Agregan que la corta adición presupuestal aprobada para el sector salud en días pasados así lo demuestra.
