Bloomberg Línea — El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró estado de conmoción interior en algunas poblaciones del noreste del país este 24 de enero debido al recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo por cuenta de la disputa por el control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que hoy deja más de 41.000 desplazados, alrededor de 80 muertos y 12.520 confinados en la región, según la Organización de las Naciones Unidas.
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El estado de conmoción interior aplicará para los siguientes municipios del Norte de Santander:
- Ocaña
- El Carmen
- Convención
- Teorama
- San Calixto
- Hacarí
- La Playa
- El Tarra
- Tibú
- Sardinata
- Villa del Rosario
- Los PatIos
- El Zulia
- San Cayetano
- Puerto Santander
- Área metropolitana de Cúcuta.
También deberán someterse a esta medida los pobladores de los siguientes municipios del Cesar:
- Río de Oro
- González.
El estado de conmoción de los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La en Norte de Santander. En contraste, esta decisión no aplicará para el departamento de Arauca, también en la frontera con Venezuela, donde estructuras armadas como el ELN también están presentes.
¿Qué alcance tiene el estado de conmoción interior?
El estado de conmoción es una figura contemplada en el artículo13 de la Constitución Política de Colombia que puede ser decretara por el presidente en caso de que “unn grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”.
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El estado de conmoción interior solo puede ser declarado con al firma de todos los ministros y por máximo 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, aunque el segundo requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.
Ahora bien, ¿qué permite el estado de conmoción interior? Que el “Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”, aunque las decisiones en el marco de esta medida serán revisadas por la Corte Constitucional y podrían ser anuladas por la Corte Constitucional.
