Bogotá — El lento trámite en el Congreso de las reformas que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro podría terminar siendo el salvavidas de la calificación crediticia de Colombia ante Fitch Ratings.
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Richard Francis, director de calificaciones soberanas de la agencia se pronunció ante los planes del Gobierno Petro para modificar la Regla Fiscal y dejó ver las preocupaciones que le genera el tema, junto con las presiones adicionales que, eventualmente, llegarían con las reformas que impulsa el presidente.
La intención del Gobierno colombiano de modificar la regla fiscal del país pone de relieve los continuos desafíos para una consolidación suficiente para estabilizar la deuda/PIB de forma duradera, dijo el experto de Fitch Ratings.
Francis advirtió que la calificación del país se ve limitada por los retos fiscales, la alta dependencia de las materias primas y los déficits por cuenta corriente estructuralmente elevados, y recordó que fue por los elevados déficits fiscales, la creciente carga de la deuda pública y el deterioro de la credibilidad de la política fiscal que se determinó la rebaja de la calificación de Colombia por debajo del grado de inversión en julio de 2021.
Exhacienda ve campanazo de alerta
Para José Manuel Restrepo, exminsitro de Hacienda en Colombia, las opiniones de Fitch dejan ver que existen preocupaciones en torno a lo que podría significar para las finanzas públicas una modificación a la regla fiscal.
“Sin ser fatalistas, creo que estas calificadas de riesgo, la manera cómo actúa es que primero mandan una advertencia. Esa advertencia se puede traducir o en una modificación de perspectiva o en una modificación de la calificación de riesgo del país”, dice Restrepo.
No obstante, explica que, en este caso en particular, como es simplemente un hecho que todavía ni siquiera se ha materializado, todavía es solo una opinión ante un posible detenerlo y que de no materializarse sería un pronunciamiento sobre una hipótesis.
Congreso sería decisivo
Francis, de Fitch, advierte que hay que evaluar los impactos fiscales que puedan llegar a tener algunos proyectos del Gobierno una vez concluyan su paso por el poder legislativo.
Fitch recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las empresas petroleras y del carbón llevó al Gobierno a aumentar su objetivo de déficit de la administración central para 2024 del 4,4% al 5,3% del PIB en el Plan de Financiación de febrero.
“Vemos riesgos para el objetivo revisado, por ejemplo, en la consecución de la aprobación por el Congreso de un sistema de arbitraje para acelerar la resolución de litigios fiscales”, advirtió Francis.
Añadió que las rigideces presupuestarias limitan las posibilidades de recortar el gasto, salvo en gastos de capital, lo que podría debilitar aún más las perspectivas de crecimiento. “Esperamos un aumento del gasto para satisfacer algunas demandas sociales, aunque las perspectivas de las históricas reformas de Petro en materia de pensiones y sanidad son inciertas”.
En abril, una comisión del Senado rechazó un proyecto de ley de reforma a la salud, aunque Petro afirma que volverá a presentarlo y que podría buscar cambios constitucionales para aplicarlas.
El Senado ya aprobó un proyecto de ley de pensiones que, de ser aprobado por la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, entraría en vigor a partir de julio de 2025.
El Gobierno estima su costo inicial en el 0,3% del PIB. Sin embargo, Francis dice que la ausencia de reformas paramétricas significa que el pasivo global estimado por pensiones aumentaría con el tiempo.
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Advierte que los gobiernos podrían verse tentados a aumentar las pensiones y ampliar la cobertura, lo que se sumaría a las presiones fiscales derivadas de un gran déficit estructural del gobierno central.
Aclara Francis que la aprobación del proyecto de ley de pensiones por la Cámara Baja no es segura y que por lo tanto Fitch no ha incorporado los costos adicionales de las reformas de la salud y las pensiones en sus previsiones fiscales.
La base de referencia para Fitch es que la deuda de las administraciones públicas en relación con el PIB aumente hasta el 56,3% en 2025, ya que los superávits primarios previstos no estabilizarán el ratio aunque el crecimiento aumente hasta el 2,8% el próximo año.
Concluye que no ha surgido ninguna propuesta legislativa detallada para modificar la regla fiscal y no está claro si el Congreso la aprobaría y que, sin grandes cambios en la política fiscal, el déficit a medio plazo del Gobierno Central se situará en torno al 4,5% del PIB, lo cual no cumpliría las disposiciones vigentes de la norma.
“En mi perspectiva, lo que yo estoy viendo es que hay muy poco tiempo para discutir la reforma pensional. La de salud ya se hundió y la laboral está muy complicada”, dice Restrepo, quien insiste en que “veo bastante imposible que se materialicen, por lo menos la gran mayoría de las reformas. En el caso de la pensional, de materializarla, yo sí creo que el Congreso va a tener que hacerle muchas modificaciones”.
Menos pesimismo entre expertos
Para Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual, “Fitch hace un recuento de los retos fiscales que tiene el gobierno de cara a la próxima actualización de cifras fiscales que se daría el 15 de junio con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Ve la posición de la agencia calificadora como una recapitulación de los temas en los que espera el Gobierno le dé más claridad. “No hay un lineamiento en el documento que permita concluir que si estas dudas de la agencia calificadora no son resueltas ello llevaría inmediatamente a una acción por parte de Fitch”.
Sin embargo, aclara que “claramente abre el camino para que ella pueda considerar por lo menos una perspectiva negativa si no queda convencida con las respuestas del Gobierno”.
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Entre tanto, Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos en Grupo Bolívar, dice que “sí hay indudablemente alguna preocupación por el tema fiscal y la reforma pensional, pero no lo veo realmente tan directo como un señalamiento que pudiera ser tan negativo”.
