Bloomberg Línea — El Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió uno de los golpes más fuertes en el Senado tras la negativa al proyecto de reforma al sistema de salud, que le quitaría la administración de los recursos a las Entidades Promotores de Salud privadas (EPS) y le daría mayor foco al rol estatal.
La fallida reforma a la salud abre interrogantes sobre los caminos que tomará la Administración del mandatario de izquierda para cumplir con su promesa de cambio recogida en las históricas protestas de 2021 y que le dieron un impulso a su campaña electoral.
Gustavo Petro se juega ahora sus principales frentes en las reformas al trabajo y a las pensiones, aunque la segunda también genera bastante oposición en los mercados y los analistas consideran que tiene menos probabilidad de progresar antes del fin de esta legislatura, que acaba el 20 de julio.
El camino expedito para Petro será presentar nuevamente la reforma a la salud en la siguiente legislatura, pues su Administración ha reiterado que no desistirá en su intención.
El analista político Germán Prieto dice a Bloomberg Línea que para presentar una nueva propuesta de reforma a la salud se esperaría que haya un ejercicio diferente, buscando un acuerdo más amplio y profundo con los diferentes sectores involucrados, interesados y afectados para poder llegar con un texto “un poco más consensuado” a iniciar el trámite en el Congreso.
“Anticipo que eso es lo que va a pasar, estoy seguro de que el Gobierno va a volver a presentar la reforma a la salud. Lamentablemente, no estoy seguro de si vaya a ser un ejercicio de consenso más sistemático que el que hizo, pero la experiencia debería decirle que sí lo debería hacer”, manifestó el Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Las otras vías que tendría Petro tras el hundimiento de la reforma a la salud
En los últimos días, el Gobierno colombiano inició un proceso de intervención de las mayores EPS del país, la Nueva EPS y EPS Sanitas, en medio del seguimiento que hace a su salud financiera y al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento.
Prieto considera que otra opción del Gobierno es que a través de estas intervenciones a las EPS logre mostrar, por una parte, la conveniencia de algunas de sus propuestas de la reforma y además la necesidad de hacer la reforma para evitar ese tipo de procesos.
“Nadie desea que el sistema de salud sea intervenido con una modalidad de emergencia”, detalló.
Y una tercera vía, dijo, es que el Gobierno ejecute a través de decretos cambios a algunas de las circunstancias o las condiciones del funcionamiento de las EPS.
Con esos instrumentos “puede estar enviando un mensaje de presión de que se necesita hacer la reforma para no seguir sacando decretos, pero lo más seguro es que esos decretos sean demandados por las diferentes partes y se van a caer”.
“Esta última opción de sacar algunos decretos a mi parecer es la más indeseable, pero si eventualmente el Gobierno siente o percibe que no hay un ambiente para consensuar una propuesta de reforma, puede utilizar los decretos como un mecanismo de presión para obligar a los diferentes actores a negociar esa nueva propuesta de reforma. Sería algo bastante turbulento, pero puede ser un mecanismo de presión el Gobierno”, dijo.
Cree además que esta vía sería “menos deseable” porque sería una confrontación directa con los opositores a la reforma de la salud.
Los decretos le darían al Gobierno esa potestad de ejercer cierta control sobre el manejo y la transferencia de los recursos y con ello estaría presionando a negociar una nueva propuesta de reforma de la salud.
Reacción del mercado a la caída de la reforma a la salud
El director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, Juan David Ballén, manifiesta a Bloomberg Línea que lo que viene sucediendo con el sistema de salud tendrá un impacto fiscal a futuro, ya que la intervención no soluciona el problema de fondo.
“Lo anterior es lo que explica el porqué el riesgo país de Colombia está descontando de forma anticipada la posibilidad de que la calificación crediticia del país se reduzca por debajo de BB+”, indicó.
Esto, opinó, es algo que ha descontado el mercado desde el momento en que Gustavo Petro fue electo como presidente, ya que hace parte de su programa de Gobierno, motivo por el cual recientemente los activos financieros han estado estables. Ballén argumenta que el mercado no descuenta dos veces la misma noticia.
En visión del exministro de Hacienda de Petro, José Antonio Ocampo, “la respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el Gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas”.
En su opinión, “el gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”.
El Gobierno insistirá en reformar el sistema a la salud
El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, ha expresado tras el hundimiento del proyecto de ley que los distintos actores políticos creen que sí hay crisis en el modelo de atención en salud, por lo que se requiere una reforma al sistema.
Señaló que el Gobierno, con la Constitución y las leyes vigentes, avanzará hasta donde legalmente pueda en la implementación de un modelo de prevención que privilegie a todos los ciudadanos: “¿Cómo la construiremos (la reforma)? Este gobierno persistirá?”
Según el presidente Petro, “todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy. El Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud”.
“Evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros”, indicó Petro en su cuenta de X.
Según el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, “las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, todos los prestadores de salud, se venían incrementando”.
A diciembre del año pasado, estas deudas cerraron por encima de los COP$2,3 billones o cerca de US$600 millones, “lo que claramente afecta la prestación de servicios de salud”, manifestó en el anuncio oficial del proceso de intervención de las EPS.
