Bogotá — Luego de hacer una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República estableció 13 hallazgos administrativos, cuatro de esos con posible alcance fiscal por CIO$5.640 millones y siete de presunto carácter disciplinario. Todos correspondientes al año 2023.
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Se identificaron deficiencias en el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia en el correcto flujo de los recursos de las EPS en medida especial hacia el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), debilidades en las funciones de inspección, vigilancia y control en casos como el de la EPS Indígena Dusakawi, lo que ha permitido que durante 11 años se prorrogue la medida cautelar de vigilancia especial.
Lo anterior, sin observar cambios que beneficien el flujo de los recursos, incumpliendo con los indicadores de los componentes técnico científico, jurídico y financiero, y sin que a la fecha se haya logrado solucionar la crisis de la EPS en mención.
Otro hallazgo relevante se enmarca en la asignación de los agentes interventores por parte de la Supersalud, desde el mecanismo excepcional, el cual vulnera el principio de equidad, ya que los asignados no cumplieron con todas las condiciones que se establecen en la normativa.
Se encontraron además debilidades en el procedimiento para la custodia de los bienes propiedad de la entidad generando una pérdida por COP$49.143.215, derecho de cobro y radicación de incapacidades ante las EPS por concepto de incapacidades por COP$72.561.994, y la inoportunidad en la radicación de acreencias, como en el caso del Hospital Universitario Cari en Barranquilla.
En este último caso, siete meses después de que el liquidador determinara el pasivo no reclamado, se generó una pérdida del cobro de sus derechos por COP$139.842.318.
También deficiencias en la planificación y escogencia del Contratista Control Online International S.A.S. para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la licencia de uso de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la Superintendencia por COP$5.379 millones.
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Por otro lado, el ente de control encontró deficiencias en los mecanismos de seguimiento para el control presupuestal, ya que la supervisión del contrato debió establecer que, para girar el primer pago, el contratista debió garantizar que el aplicativo se encontrara instalado, para poder licenciar y realizar las correspondientes pruebas técnicas.
Por esta razón, se encontraron incumplimientos de las obligaciones por parte de la supervisión, de conformidad a los anexos técnicos y estudios previos. Así como fallas en el contrato suscrito con IFX Networks, relacionado con tecnología (servicios de nube privada), presentando deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de la entidad.
La Contraloría también halló incumplimiento e inobservancia de la normatividad aplicable a las políticas de seguridad para salvaguarda de la información, teniendo en cuenta que la Superintendencia en mención debe hacer seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores.
