Bogotá — Los recientes choques a la economía provocados por la pandemia, las crisis financieras, alimentarias y energéticas han tenido consecuencias más profundas para un gran porcentaje de los adultos mayores, pero la normalización de estas ha exacerbado los efectos negativos en países como Colombia, concluyó una investigación el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana.
El informe advierte que en medio de estas turbulencias en la economía, un gran porcentaje de los adultos mayores “han ‘naturalizado’ ciertas condiciones de precariedad y de exclusión como parte de su vida cotidiana”.
“Siendo Colombia un país con una amplia legislación en torno a las personas mayores, se requiere concretar su ejecución primordialmente en los territorios, garantizando la inclusión y la participación para que ellas, y la sociedad en general, exijan y vigilen su aplicación y su evaluación con indicadores y tiempos establecidos”, concluye.
Colombia sigue siendo un país hostil para la vejez en medio de las desigualdades que se presentan aún y que se reflejan en aspectos como el acceso a las jubilaciones.
Se estima que en la actualidad un 14% de la población colombiana son personas mayores de 60 años y los oficios domésticos constituyen la actividad principal de ellas.
El reporte, firmado por Carlos Cano G., Ana María Medina, Ana María Lara, Violeta Rosa Avendaño M. y Cecilia de Santacruz, expone que solo un 25,5% de adultos mayores en Colombia logra una pensión.
Dicha situación provoca que estas personas tengan que extender su vida laboral, conduciéndolos en muchos casos a la informalidad y salarios precarios, lo que se hace más notorio en las zonas rurales.
El no acceder a ingresos dignos provoca además que 1,8 millones de personas de 60 años o más (28,4%) esté en situación de pobreza monetaria.
El Instituto de Envejecimiento recopiló varias cifras oficiales que muestran que en 2021 un 23,1% de los adultos mayores recibió aportes monetarios familiares o gubernamentales, entre los cuales se cuentan la asistencia social y las transferencias condicionadas.
No obstante, una de las problemáticas latentes identificadas en el informe es que dichas transferencias se interpretan en muchos casos no como una garantía de sus derechos, sino caridad, “lo que dificulta su exigibilidad”.
En cuanto a la vivienda, se tiene que a pesar de que un 60% de las personas mayores en zonas urbanas residía en casa propia y la mayoría contaba con servicios públicos, “el pago de estos suponía, en muchos casos, privaciones constantes en aspectos como nutrición y salud”.
Y aunque casi la totalidad de estas personas están afiliadas al sistema de salud (la mitad pertenece al régimen subsidiado), hay barreras para acceder debido a limitaciones económicas y de movilidad.
Esto les complica poder acceder a servicios de salud y a la entrega de medicamentos.
Es una situación de riesgo, pues se calcula que un 40% de ellos sufre de una o más patologías crónicas como hipertensión arterial, EPOC o diabetes.
Atado a esto, se advierte que un 18,7% padece algún grado de discapacidad.
Todas estas condiciones se ven reforzadas cuando esta población se enfrenta a otras problemáticas como la percepción de discriminación; la inseguridad y hostilidad; los aumentos en los costos del transporte o la falta de digitalización que limita su acceso a bienes y servicios (un 63,7% no usa internet).
También se agrava cuando los adultos mayores han vivido situaciones violentas o han crecido en contextos en los que han estado expuestas a ellas.
De acuerdo a cifras divulgadas por el Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, más de un millón de personas entre 61 y 100 años son víctimas del conflicto armado interno.
Según la ONG Oxfam, Colombia está entre los países más desiguales de Latinoamérica.
Calcula que en el país “por cada US$100 de riqueza creada en los últimos diez años, US$45 han ido a parar al 1% más rico y solo US$12,4 al 90% más pobre”.
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