Bogotá — Mientras que en 2019 el sector de la infraestructura representaba el 6,3% del PIB en Colombia, en 2023 la cifra cambió y pasó a representar el 4,3%, según cifras del Dane. La razón principal de esa caída, de acuerdo con expertos del sector, está en los riesgos que genera la política colombiana.
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Por lo que, de continuar así, al sector le espera un estancamiento y, en un peor escenario, un decrecimiento que va a golpear fuertemente la generación de empleo y la economía nacional.
Así lo revela la Primera Encuesta de Riesgos a Expertos de la Infraestructura en Colombia, hecha por Control Risks y Jaime Arteaga y Asociados, en la que se entrevistaron a 246 directivos de empresas relacionadas con este sector. De ese total de encuestados, el 64% coincide en señalar que el 2025 será un año de estancamiento o de decrecimiento para la infraestructura.
Ese mismo porcentaje de participantes indica que en el último año sus empresas sufrieron suspensiones significativas de operaciones debido a bloqueos de carreteras o protestas sociales. Y esta situación es aún más significativa para concesionarios, constructoras, empresas de servicios públicos y compañías de transporte masivo.
Apenas un 27% de los expertos consultados está de acuerdo con que el Gobierno Nacional reconoce la importancia del sector de la infraestructura y fomenta su crecimiento y 70% dice todo lo contrario. Por lo que, la mayoría de los consultados afirma que no ha habido avances importantes en materia de políticas públicas durante este año.
En esa línea, entre los encuestados existe una gran preocupación por la falta de apoyo del Estado al sector de la infraestructura, lo que repercute, para la mayoría de ellos, en la principal razón para que no proyecten un crecimiento de las operaciones de sus empresas en los próximos cinco años.
El 46% de los consultados señala que su organización se mantendrá igual; el 34% que su firma expandirá sus operaciones; y el 20% que la compañía que lidera reducirá sus operaciones. Vale resaltar que los expertos que trabajan como directivos en concesionarios y constructoras son los más pesimistas.
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Entre las principales razones para que los empresarios crean que reducirán sus operaciones están la falta de estabilidad jurídica y regulatoria, la falta de apoyo del Gobierno Nacional, las políticas del Ejecutivo y la falta de inversión pública en infraestructura.
Para los directivos de las compañías, la prioridad de la inversión debe estar en la infraestructura vial (con un 37%). Le siguen: transporte férreo (14%), vías terciarias (13%), transporte masivo en ciudades principales (11%) y servicios públicos (8%).
Con un porcentaje menor están infraestructura aeroportuaria, infraestructura crítica para adaptación al cambio y la infraestructura portuaria.
Oliver Wack, gerente general para la región Andina de Control Risks, expresó que a pesar de las malas proyecciones para el sector de la infraestructura, según los expertos, Colombia sigue siendo un país atractivo para invertir: “esto se debe, en gran medida, a que es un sector que ha incorporado la cultura de gestión de riesgos permitiéndole proyectar estrategias para enfrentar los retos coyunturales y estructurales del país”.
Según el reporte, el 75% de los expertos que trabajan en banca de inversión o en el sector financiero, consideran que Colombia es un país atractivo para invertir en infraestructura.
Los principales riesgos para el sector
De acuerdo con los directivos de organizaciones, los principales riesgos para el sector de infraestructura en Colombia son políticos (31%).
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En la lista, aunque con mayor distancia, también están: legales y regulatorios (19%), de seguridad y orden público (13%), financieros o de capital (12%), ambientales (10%), sociales (9%) y macroeconómicos (7%).
Ahora bien, los riesgos que mayor impacto tienen en su empresa, señalan los encuestados, son políticos y legales, de coordinación institucional; también están las consultas previas, el orden público y la seguridad y temas legales y regulatorios.
Peldaños más abajo aparecen protestas y bloqueos, gestión de predios, financieros o de capital, aspectos macroeconómicos, rechazo de las comunidades, aspectos sociales, ambientales y conflictos laborales.