Bogotá — Las propuesta de inversiones forzosas que el Gobierno Petro llevará al Congreso de la República este semestre no ha logrado adeptos en el sector privado. Además de ANIF, Centros de Estudios Económicos, y entidades financieras como el Banco Popular, ahora es JP Morgan quien habla de la inconveniencia de esta medida.
Ver más: Exclusiva: Presidenta de Banco Popular expone preocupaciones sobre proyectos que alista Petro
En entrevista con Revista Semana, Diego Pereira, economista jefe del Cono Sur y los Andes de JP Morgan, destacó que la inversión forzosa ya existe y que ha sido un vehículo de financiamiento regulado, básicamente para el sector agrícola.
Dijo que el mercado financiero y crediticio colombiano ha mostrado un desarrollo y tiene hoy una profundidad mucho mayor. Por lo que la industria bancaria y los agentes de crédito y financiamiento de la economía ya tienen la capacidad de innovar, de crear nuevos vehículos de crédito que no necesariamente se asocien a la figura ya existente de las inversiones forzosas.
“Creo que hay otros métodos que pueden ser más eficientes. Tratar de canalizar más recursos hacia sectores que se consideren pilares para la evolución de la economía es algo que hace la gran mayoría de las economías del mundo y hay mejores instrumentos para proceder con esas líneas de crédito hacia los sectores que propone la administración”, destacó al medio el economista.
Recordemos que José Ignacio López, presidente de la ANIF, señaló que las inversiones forzosas fueron frecuentes en Colombia hasta la década de los 90, sobre todo en el período de alta represión financiera tras la reforma financiera de 1951 y que en el desarrollo de la Ley quinta de 1973, con base en regulación anterior de 1957 y 1959, las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema.
Ver más: Advierten que inversiones forzosas podrían encarecer el crédito en Colombia
“Dicha experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”, enfatizó el presidente del Centro de Estudios Económicos.
Adicional a eso, expresó que por estas razones, desde la década de los 90, se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, con la excepción del sector agropecuario donde todavía aplican a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro.
Y que con las inversiones forzosas, según su opinión, pierden los empresarios, que tendrían menos recursos para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. “Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos”, sostuvo.
A lo que concluyó que hay pérdidas de eficiencia porque la expansión de crédito, que en dicho caso recae en el sector público, puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada.
