Bogotá — Bajo la premisa de aportar a la reactivación económica, el Gobierno Petro alista un proyecto de ley de inversión forzosa para que el sector financiero, bajo obligación, invierta en la economía popular. Sin embargo, exministros, académicos y gremios argumentan que la estrategia puede lograr todo lo contrario al limitar el acceso al crédito a los pequeños y medianos empresarios.
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Durante las marchas del primero de mayo, el presidente Gustavo Petro expresó que “se van a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia”.
A lo que agregó que es necesario que existan recursos para el sector popular y para impulsar la transformación productiva del país. “Que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular, para trabajar, como reza este día, en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo”.
SIn embargo, para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, volver a esta idea de inversiones forzosas que el país desarrolló con fuerza en los años 60 “es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario”.
Por lo que aseguró que la medida “logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica. Porque será que, como dice Moisés Naim, en este tipo de Gobierno sufrimos de “necrofilia política”.
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Posición con la que coincide Javier Díaz, presidente de Analdex, quien señaló que “esta es una mala propuesta de política que puede terminar poniendo en peligro al sistema financiero colombiano con todo lo que ello significa”.
Y es que gremios como la Andi han insistido en la necesidad de un plan de reactivación económica que envíe un mensaje de optimismo y permita pensar que se transita hacia una senda de crecimiento sostenible, distinta a la perspectiva actual en la que se proyecta que el PIB Nacional crecería apenas entre el 0,5%.
“El Gobierno Nacional debe, con urgencia y decisión, adoptar un plan que permita generar condiciones para impulsar una mayor inversión y aumentar la actividad económica”, enfatizó esta Asociación, y agregó que se debe propiciar un ambiente de seguridad jurídica y confianza, al tiempo que debe continuar la moderación de las tasas de interés.
En ese sentido, María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia (Cámara de Comercio Colombo Americana), sostuvo que si bien el país viene en un proceso de menor inflación, persiste una desaceleración económica con perspectivas de crecimiento débil que, sumado a caídas en la productividad y el consumo, requieren de diferentes acciones, incluida la reducción de las tasas de interés para mejorar el panorama de crecimiento económico de Colombia.
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Por lo anterior, manifestó, se hace necesario la implementación de medidas más agresivas para que el proceso de recuperación económica que requiere el país sea más rápido.
“Una reducción relevante en las tasas de interés y que siga un proceso gradual en los próximos meses será de gran importancia, logrando enviar un mensaje favorable para la economía. Pero hay que recalcar, que además de la reducción de las tasas de interés, se debe de complementar con una política de austeridad y ejecución eficiente del gasto público, recuperación de la atracción de inversión que genere empleo e ingresos a las familias lo cual ayudará a enfrentar el desafío de crecimiento que tiene el país este año”, insistió la dirigente gremial.
A estas posiciones se suma la de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), quien dijo que es importante activar un fuerte plan de choque que lance un salvavidas a la economía. “Importante también que desde el Gobierno salgan mensajes de tranquilidad para los inversionistas, así como para los consumidores. No le hace bien al país el discurso antiempresarial y antimercado que promueve el Ejecutivo, ignora que la libertad económica ha sido motor de desarrollo para el país y bienestar para millones de colombianos”.
A lo que complementó que se debe recordar que las empresas se quedan en un país y toman la decisión de apostar por aquellos mercados que ofrecen seguridad jurídica, donde tengan la posibilidad de garantizar un alto volumen de ventas, de reducir costos, de hacer economías de escala y “precisamente eso no está pasando en Colombia”.